Los juzgados tramitan 141 casos de corrupción política y otros 200 graves

Ayer juraron o, en su caso, prometieron el cargo, los diecisiete nuevos jueces recién salidos de la 63 promoción de la Escuela Judicial, y que han sido designados a la Comunitat Valenciana.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, fue especialmente crítica con los medios y los recursos de los que dispone la Justicia valenciana, algo inusual en el tono comedido de su señoría.

De la Oliva, afectuosa con los jueces, dijo que «me hubiera gustado dar la bienvenida «a más jueces y en mejores circunstancias», pero explicó que «hasta hace bien poco, no éramos una prioridad política (...) ahora, con independencia de las intenciones, hay una realidad dominante: no hay recursos o hay pocos».

En este contexto, De la Oliva desveló que la Comunitat tiene en estos momentos «141 asuntos que podríamos etiquetar como de corrupción, en los que están imputados políticos en activo. Tenemos, por ejemplo, un partido judicial como el de Ibi, de dos juzgados, con 17 de esas causas».

Además, dijo que «este territorio tiene además 200 causas de especial complejidad, en las que se investigan tramas de crimen organizado, tráfico de drogas, en ocasiones con más de una veintena de imputados... Sólo tres juzgados de Dénia investigan más de 60 de estas causas».

La presidenta del TSJ pidió «refuerzos, medios y recursos».

Se refirió también a la «más absoluta profesionalidad de la carrera», pero criticó la supresión de los jueces sustitutos a lo que añadió «la falta que hacen refuerzos de secretarios judiciales y funcionarios».

No explicitó carencias en los medios materiales, pero tras el acto mostró tanto al conseller de Justicia, Serafín Castellano, como al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y a su portavoz, Gabriela Bravo, el derrumbe de parte del techo de la tercera planta del edificio del Tribunal Superior de Justicia acaecido, afortunadamente, en fin de semana.

Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, consideró que «todas las iniciativas» que las Comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios, legalmente y dentro de su marco competencial, son «positivas».

Fuentes del CGPJ afirmaron que la Comunitat aun no había enviado los asuntos graves que requerían refuerzos y que el envío de jueces había sido «ponderado» a la situación.