Más de la mitad de las empresas valencianas paga fuera de plazo

Valencia- Más de la mitad de las empresas valencianas pagan a sus proveedores fuera de plazo. Concretamente, durante el tercer trimestre de este año el 56 por ciento de las compañías de la Comunitat lo hizo, frente al 44 por ciento que sí cumplieron con las condiciones pactadas de antemano.

Dentro de las empresas incumplidoras, el 44 por ciento se retrasan hasta 30 días, y el cinco por ciento se demora entre 31 y 90 días. El retraso medio se sitúa de esta forma en 18,3 días, cifra que se viene reduciendo desde los 20,6 días del mismo periodo del año pasado, aunque está todavía por encima de la media del país, que es de 17,7 días.

Estos datos constan en el estudio realizado por Informa D&D, una compañía dedicada al suministro de información comercial, financiera y de «marketing».

Las comunidades con mayor proporción de pagos puntuales son Aragón, con el 53,5 por ciento; La Rioja, con el 52,11 y País Vasco, con un 49,79 por ciento de empresas que respetan los plazos. Por otra parte, las que tienen una mayor proporción de pagos con retraso de más de 60 días son Canarias, Andalucía y Extremadura.

En el conjunto del país, según este estudio, estos retrasos suponen un coste directo para el tejido empresarial de 3.452 millones.

Las empresas de la Administración Pública son las que presentan una media de retraso de pagos mayor, 35,2 días, si bien se ha reducido desde los 36,5 del trimestre anterior. Le siguen hostelería, construcción y actividades inmobiliarias.

Pagos a 30 días

La Administración valenciana, y todas aquellas que se hayan adherido al último Plan de Pagos a proveedores del Gobierno, va a tener que empezar a pagar, obligatoriamente a 30 días a partir de enero del año que viene.

Esta era una de las condiciones para poder recibir la liquidez del Plan, así que las Administraciones autonómicas tendrán que cumplir por Ley con este compromiso. Desde la Conselleria de Hacienda de la Generalitat valenciana se explica que no será a todos los proveedores, sino solamente a aquellos que indique esta norma.

El problema del retraso en los pagos no es solamente el gran perjuicio que se genera a las empresas proveedoras, sino también que esa demora genera un gasto añadido para las arcas públicas en intereses. Según un estudio publicado recientemente por la Plataforma contra la Morosidad, la Comunitat Valenciana arrastra un total de 88 millones por este concepto.