Ortiz pacta eludir la cárcel y acepta las acusaciones de tres piezas de Gürtel

El empresario Enrique Ortiz, imputado en las piezas uno, dos y seis de la trama Gürtel, ha presentado como escrito de defensa ante la Audiencia Nacional un escueto texto de conformidad de apenas tres folios en el que reconoce la comisión de los hechos que se le imputan en las conclusiones de acusación tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación popular del PSOE.

Las piezas citadas hacen referencia a los delitos electorales en los comicios autonómicos y municipales de 2007, y en las generales de 2008, además de delito fiscal de la empresa Orange Market. La acusación considera que el PP se benefició del pago de sus actos electorales mediante facturas falsas giradas por Orange Market a diversas empresas.

A cambio de la aceptación de los hechos, Ortiz considera que en los delitos de falsedad de documento mercantil y de falsedad en las cuentas electorales concurre la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía de los hechos. Además, en la falsedad de las cuentas electorales estima la defensa de Ortiz que no es el administrador general de la candidatura del partido.

Por todo ello, solicita la pena de quince meses de prisión y de dos multas para las que Ortiz ya ha consignado en la cuenta del Juzgado la cantidad de 40.133 euros que le solicitó el Juzgado en el auto de apertura del juicio oral.

Es evidente a la vista del famélico escrito que la defensa letrada de Ortiz ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación popular para que acepten estas penas. A cambio, dichas partes tienen el testimonio de uno de los acusados que admite los delitos. La aritmética desplegada por los letrados tiene como finalidad que los antecedentes penales de Ortiz hayan prescrito cuando el empresario sea, hipotéticamente, condenado en el juicio de la causa Brugal, en el que le reclaman 17 años de prisión.

Los antecedentes por la pieza una, dos y seis de Gürtel expirarían a los dos años.

Si Ortiz lograra conseguir otra condena menor a dos años, tampoco tendría que ingresar en prisión por Brugal.

El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», servicios que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros». Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros.