Puig atiende a la petición de los regantes y defiende el Tajo-Segura

No hay verano en el que la sequía no se convierta en una preocupación para los regantes, pero en esta ocasión aseguran estar «indignados» ante el anuncio del Gobierno socialista de Castilla- La Mancha de recurrir el último trasvase del Tajo que autorizó el Gobierno central. El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, atendió ayer al ruego de los regantes y aseguró que actuarán con contundencia en defensa de los regantes de la Comunitat y que buscarán solucionar el problema del agua «para siempre», algo que el PP «no ha resuelto en los últimos 20 años».

Además, pidió a los populares que dejen trabajar al gobierno valenciano y se comprometió aconseguir el mejor resultado para los regantes.

El portavoz de la Comunidad General de Riegos de Levante, Ángel Urbina, explicó que la ley estipula que el trasvase se puede realizar porque los embalses de cabecera disponen de 398 hectómetros cúbicos y la norma impide su autorización si están por debajo de 304 hectómetros. El memorándum del Tajo- Segura indica que las reservas mínimas para trasvasar deben ser de 400 hectómetros cúbicos transcurridos cinco años de la firma del acuerdo, suscrito en 2013 por cinco autonomías, incluida Castilla- La Mancha.

Los regantes cuentan con siete hectómetros cúbicos de los 20 autorizados el pasado 31 de julio. Se trata de un agua imprescindible para garantizar sus cultivos y por ello, solicitaron a los políticos valencianos que tranquilicen a los usuarios y aseguren que el Tajo-Segura es intocable. Cualquier duda sobre el futuro de esta infraestructura afecta a las previsiones de la próxima campaña porque podría condicionar la garantía de agua para el futuro.

Urbina confirmó que hasta el próximo 30 de septiembre, cuando finaliza el año hidrológico, Riegos de Levante tiene garantizado el regadío, pero no puede asegurar si dispondrá de agua hasta finales de año. La situación actual obliga a que los trasvases se realicen mes a mes y no trimestralmente.

Por lo que respecta a las declaraciones de la consejera de Fomento de Castilla- La Mancha, Elena de la Cruz, quien además de advertir de que si los trasvases no cesan de forma inmediata adoptarán medidas legales, acusó a los receptores del trasvase de tener «barra libre de agua», recordó que, desde hace 30 años los regantes de las zonas necesitadas de agua (Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía) han pagado a las comunidades beneficiarias del trasvase (Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha) 412 millones para desarrollar obras dirigidas a optimizar el trasvase.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante, Eladio Aniorte, lamentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya vuelto a las «andadas», pero subrayó que las competencias sobre el agua las tiene el Estado, y no el presidente de esa autonomía, el socialista Emiliano García-Page.

La portavoz del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, aseguró que el PP es el partido del pacto histórico firmado por varias autonomías y el Gobierno de España, mientras que el PSOE lo es de la guerra del agua. Aplaudió la llamada a la serenidad de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, pero exigió con contundencia la ley.