Puig pide a Rajoy que priorice la reforma de la financiación a la de la Constitución

Defiende que todas las regiones sin excepción deben aportar a la caja común de solidaridad

El Consell presentó tras la reunión plenaria celebrada el martes el borrador de aquellos contenidos que deben incluirse en la reforma de la Constitución. La vicepresidenta, Mónica Oltra, precisó que la Generalitat quiere mayor autogobierno, autonomía fiscal y que la Comunitat sea reconocida como histórica. «Somos el primer Gobierno que se posiciona a favor de la reforma». Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quiso dejar bien claro que el Ejecutivo central debe centrar sus esfuerzos en cambiar la financiación autonómica, después vendrá la de la Carta Magna.

Durante la celebración del Día de la Constitución en Alicante, Puig recordó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a reformar el modelo de financiación lo largo de 2017. Así, instó al Ejecutivo central a poner en marcha los trabajos para que al menos, durante los primeros meses de 2018, encuentre una solución para acabar con profundas asimetrías y desigualdades en España. «Hay que cerrar el modelo de financiación y después constitucionalizarlo para garantizar para siempre que haya equidad».

Sobre la aportación del País Vasco y Navarra, defendió que todos los territorios tienen que aportar a una caja común de solidaridad, y que el País Vasco no debe ser una excepción. Recordó que la Comunitat sufre una «doble discriminación» por tener una renta per cápita 11 puntos inferior a la media nacional, pero aportar como si tuviera superávit.

Por lo que respecta a la condonación de la deuda, precisó que reclaman una «compensación financiera en diferido» debido a que desde 2002 la Comunitat ha estado claramente discriminada e infrafinanciada. «Solo así se puede compensar la deuda acumulada para que tengamos las mismas oportunidades que el resto de españoles».

Sobre las bases de la nueva Constitución, defendió que el estado autonómico ha sido un éxito durante las cuatro últimas décadas pero ya está agotado. Propone avanzar hacia un «federalismo cooperativo» que pueda hacer frente a las fracturas actuales que se reflejan en los procesos de recentralización, insuficiente financiación, la ausencia de codecisión en el ámbito institucional y la falta de reconocimiento de las singularidades.