Cuatro juzgados investigan la financiación de PSPV y Compromís

La Audiencia Nacional podría asumir la causa por malversación y prevaricación.

La Audiencia Nacional podría asumir la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV y del Bloc, habida cuenta de que actualmente la instrucción de la causa se halla dispersa en cuatro juzgados distintos, uno en Benidorm, otro de Gandía y dos de Madrid, atendiendo a los partidos judiciales donde se podrían haber cometido los delitos. Esa diversidad geográfica podría hacer que la Audiencia Nacional reclamara la causa, que en ese caso se vería en Madrid, según fuentes del PP.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó ayer de que Instrucción 21 abrió en diciembre de 2016 una causa secreta tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromís entre los años 2007-2011. Se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral. Continúa el TSJ que «tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.

La instructora se inhibió en favor de los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados». El PP, en boca de su secretaria general, Eva Ortiz, explicó ayer que su partido recibió una denuncia anónima en el año 2016 sobre empresas que podrían haber financiado irregularmente las campañas electorales de PSPV y Bloc en 2007, con los candidatos Ignasi Pla y y del Bloc, con Enric Morera de número dos tras Gloria Marcos en la coalición «Compromís pel País Valencià» con EUPV y otros partidos.

La dirección del PP puso los hechos en conocimiento de la Policía al sospechar que se podría estar ante un posible delito. Ortiz dijo que en el día de ayer conocieron por el diario El Mundo, que la Policía habría estado investigando bajo las órdenes de la jueza instructora, Nieves Molina, la comisión de posibles delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delito electoral. Ortiz dijo que su partido se personará en la causa en cuanto sea posible.

La dirigente del PP rehusó entrar en los detalles de la información que les llegó, debido a que la investigación está bajo secreto de sumario, pero indicó que no veían «claro» ese contenido. Mostró su respeto por la labor de la justicia y de la Policía y defendió que el PP «siempre ha dado la cara» y el resto de partidos deberían hacer igual.

Además, dijo que también se personarían en el caso del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien durante su etapa como asesor de Les Corts, cobraba del Parlamento y trabajaba para el partido, lo cual no está prohibido expresamente por el Reglamento de Les Corts.

Según la información publicada ayer, la empresa Crespo Gomar, vinculada con el PSPV de Gandía, podría haber facturado a diversas empresas los actos electorales realizados por estas formaciones. Gomar era concejal cuando el alcalde de Gandía era el socialista José Manuel Orengo, actual asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Orengo está imputado en el «caso Imelsa» que investiga la contratación con fondos públicos de personal al servicio de los partidos políticos.

Respecto al Bloc, la formación que lidera el presidente de Les Corts, Enric Morera y que forma parte de la coalición Compromís, socios de gobierno del PSPV en la Generalitat, señala que la Policía tiene un estado de cuentas que también obraba en poder de Crespo Gomar, en el que se recoge una serie de actos de la formación, relacionados con un listado de pagos de diversas empresas. La Policía trata de determinar si estas empresas pagaron realmente los actos del Bloc. Las coincidencia en las cantidades también es notoria.