A los tribunales por los planes de movilidad de Carmena

Las asociaciones de conductores prevén recurrir al contencioso administrativo la normativa que «expulsa» del centro al coche privado.

La normativa que ha sacado adelante el Gobierno de Ahora Madrid y que afecta a la movilidad de los ciudadanos no ha dejado indiferente a las asociaciones de conductores, que esperan a que se publique en el boletín oficial de la Comunidad la ordenanza de movilidad para acudir a los tribunales. Por ésta y por la normativa relativa a Madrid Central, que quiere reducir un 40% la emisión de coches contaminantes a cambio de prohibirles la circulación y el aparcamiento. De momento, dos de ellas ya han anunciado su intención de optar por la vía contencioso administrativa para recurrir la cascada normativa que expulsa al vehículo privado del centro de Madrid: Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y Dvuelta. A partir del próximo 23 de noviembre y desde ya mismo, en el caso de que se registren episodios de alta contaminación, tendrán prohibido aparcar y circular una de cada tres motos (el Ayuntamiento considera tan contaminantes como un coche las anteriores a 2003) y el 38% de los coches del parque automovilístico madrileño que carezcan de la pegatina ambiental que emite la DGT. La prohibición abarca las 472 hectáreas de Madrid Central (lo equivalente a casi 500 campos de fútbol).

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, lamentó ayer que el Gobierno de Ahora Madrid vaya a aplicar distintas normativas que afectan a la movilidad de los ciudadanos sin haber hecho previamente un estudio de impacto. «Si lo que pretendía el Ayuntamiento de Madrid era reducir la contaminación, en el distrito de Chamberí, por poner un ejemplo, uno de cada cuatro residentes tienen vehículos contaminantes y no disponen de etiqueta ambiental, por lo que la norma no tiene mucho sentido si lo que se pretende es mejorar la calidad del aire».

El presidente de AEA tiene serias dudas sobre cómo se van a poner en marcha las restricciones del tráfico a Madrid Central porque «es un requisito llevar en lugar visible la etiqueta ambiental, pero la ordenanza de movilidad dice que la medida no entrará en vigor hasta dentro de seis meses».

Otro de los aspectos a los que la organización de defensa de conductores va a prestar especial atención es todo lo relativo a las cámaras de vigilancia. «Queremos saber quién va a realizar el control de las cámaras porque, desde el punto de vista jurídico, no están sometidas a ningún control metrológico». A ello se une el «efecto frontera» que se va a crear en toda la ciudad con las zonas que delimiten con el área de Madrid Central, explica Arnaldo, mientras que «el transporte publico habrá que ver si es verdad que puede absorber la demanda de viajeros que quieran acceder al centro de Madrid y se vean obligados a dejar su coche».

Otra de las asociaciones defensa de conductores que ya se plantean acudir a los tribunales es Dvuelta. Su portavoz, Pedro Javaloyes, ha denunciado que las restricciones al vehículo privado que quiere aplicar el gobierno de Ahora Madrid en la capital «tienen más que ver con una cuestión ideológica». En su opinión, los planes de Carmena «lo que hacen es instaurar la desigualdad vial y circulatoria en la medida en que o tienes dinero para comprarte un coche eléctrico o un híbrido, que no resulta especialmente barato, o te trasladas en metro o en autobús». Es por esto por lo que considera que Ahora Madrid está implantando un «Apartheid vial» con la normativa que se va a empezar a aplicar en la capital.

Mientras, los fabricantes de vehículos no tienen claro que, el cambio en el modelo de movilidad que va a experimentar Madrid vaya a disparar la demanda de coches ecológicos. «Existen tres barreras fuertes que pueden disuadir a los potenciales compradores: la primera es el precio en la medida en que un eléctrico o un híbrido tiene un precio superior al normal de combustión. Es cierto que luego el mantenimiento puede ser más barato, pero el conductor se tiene que plantear en cuánto tiempo lo va a amortizar», explica Noemi Navas, portavoz de ANFAC.

Es por esto por lo que los fabricantes de vehículos lo que han pedido es que se hagan planes de ayuda que faciliten el cambio de coche. A esta circunstancia se une la escasez de puntos de recarga no sólo en las infraestructuras publicas, sino en los garajes privados. «Es necesario agilizar los trámites burocráticos para instalar los puntos de recarga», explica la portavoz de ANFAC.

A última hora de la tarde de ayer concluyó la reunión que mantuvieron representantes de la Plataforma de Afectados por Madrid Central con el Ayuntamiento, concretamente con Inés Sabanés, delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad. La reunión, explicó la plataforma en un comunicado, ha sido «una primera toma de contacto», lo que ha servido para recuperar «la mesa de trabajo y el proceso de diálogo y negociación entre los sectores afectados y el Ayuntamiento»: hostelería, comercio, transporte, etc.

En la reunión no se sellaron compromisos concretos por parte del Consistorio, al menos a corto plazo. Una de las reivindicaciones de la plataforma, la realización de un estudio del impacto económico que tendrán las restricciones al tráfico en el Centro de Madrid, de momento se seguirá sin llevar a cabo. Hay que apuntar que el sector del transporte sería uno de los más perjudicados por la medida, con pérdidas de 1.300 millones de euros.

En todo caso, sí habrá un «sistema de trabajo directo y de resolución de las cuestiones clave que más preocupan» a esta plataforma de organizaciones, que ya suman alrededor de 60. De hecho, el Ayuntamiento iniciará una ronda de nuevas reuniones sectoriales que «culminarán con una nueva reunión con Inés Sabanés dentro de 15 días.

En conclusión, estas organizaciones afirman que «hay expectativas de conseguir resultados concretos» en la batería de necesidades planteadas. Sin embargo, se mantiene la «discrepancia» en lo que respecta al diagnóstico de las «consecuencias negativas» que tendrá la entrada en vigor de Madrid Central. Los afectados reiteraron ayer la necesidad de establecer un «nuevo calendario progresivo» para la aplicación de medidas que finalmente se pongan en marcha». Sin embargo, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, aseguró ayer con rotundidad que la puesta en marcha de este plan de movilidad no se va a posponer «de ninguna manera». Con todo, el Consistorio sí estudiará algunas de las medidas reclamadas como el acceso de coches al centro para llevar a niños al colegio.