Cifuentes amnistía un centenar de urbanizaciones ilegales

Dotará de los servicios básicos a las viviendas irregulares que se podrán legalizar con la nueva Ley del Suelo.

La nueva Ley del Suelo que el Gobierno regional remitió esta semana a la Asamblea de Madrid incluye una amnistía para regularizar un centenar de asentamientos ilegales en municipios de la Comunidad; unas edificaciones que se llevan tratando de regularizar en los plantes urbanísticos de los ayuntamientos correspondientes desde los años 80. Se trata de urbanizaciones que nacieron en terrenos rurales y en las que los propietarios construyeron primero casetas, y posteriormente hasta chalets, sin autorización de los consistorios, ya que estaban en parcelas no urbanizables. Son edificaciones que no cuentan con instalaciones de servicios –agua, luz, alcantarillado–, ni viales. Sus propietarios toman el suministro de pozos, utilizan depósitos sanitarios para sus deshechos y llevan más de treinta años incumpliendo la legalidad urbanística.

Se trata de situaciones similares a las de la Cañada Real Galiana –que en este caso cuenta con ley propia y, por lo tanto, está fuera de este proceso de regularización–, que se trataron de reparar en la Ley 9/1985 de la Comunidad para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. En dicha norma se creó un procedimiento de legalización que, según explica José Tortosa, director general de Urbanismo del Gobierno regional, «fue un fracaso debido a su complejidad». Es por ello que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha elaborado ahora un nuevo itinerario para poder integrar en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) este tipo de asentamientos ilegales, siempre y cuando no incumplan la normativa medioambiental.

De este modo y a iniciativa de los propietarios de estas urbanizaciones irregulares, la Comunidad facilitará con los ayuntamientos el camino a la legalización. Una vez realizada la solicitud, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se estudiará la casuística y se realizarán informes sectoriales para ver si es posible la regularización. Si todo está en orden y mientras el ayuntamiento competente elabora un Plan Especial para incluir los terrenos en el PGOU, la Comunidad de Madrid proporcionará lo que Tortosa calificó de «urbanización blanda», con los servicios mínimos de agua, luz, saneamiento y viales. «Como previo paso a la legalización a través del planeamiento municipal y tras los informes favorables de Medio Ambiente, se costeará la instalación de servicios y suministros para después reparcelar y urbanizar», detalló el director general de Urbanismo.

Prescripción en ocho años

Eso sí, la regularización no está al alcance de todo aquel que quiera construir una casa ilegal. No sólo es necesario pasar por el informe favorable de Medio Ambiente sino que además la norma está dirigida a los asentamientos preexistentes y no se les permitirá crecer, a menos que sea mediante el procedimiento habitual de modificación del PGOU. Y es que el origen de estos terrenos está en la rápida prescripción de la falta urbanística, apenas cuatro años, y el coste de la restauración –habitualmente por demolición– para los consistorios, que suponían un elevado gasto para las arcas municipales.

Para evitar más asentamientos de este tipo, la nueva Ley del Suelo amplía el plazo de prescripción de estas infracciones hasta ocho años y se endurece el régimen sancionador. Asimismo, las administraciones tendrán la posibilidad de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de las infracciones, y, lo más importante, no tendrán que asumir el coste de las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, ya que será el infractor quien deberá pagar por ello. «Los asentamientos ilegales que no se puedan regularizar están condenados a desaparecer, por que no se podrán mejorar ni rehabilitar para alargar su vida útil», advierte Tortosa.