Desahucio
Desalojo y candado a la okupa de «Rodea el Congreso»
La Policía clausuró ayer la Casa Roja de Lavapiés, en la que ya no había okupas. El juez les había enviado la orden de lanzamiento dos. días antes de la investidura.
La Policía clausuró ayer la Casa Roja de Lavapiés, en la que ya no había okupas. El juez les había enviado la orden de lanzamiento dos
días antes de la investidura.
«La Casa Roja ha sido desalojada esta mañana como parte de una campaña contra los centros sociales de Madrid. Atentas a las convocatorias». Con este tuit anunciaban los simpatizantes de esta casa okupa de Lavapiés su intención de llevar a cabo el famoso lema «un desalojo, otra okupación». Al cierre de esta edición, no obstante, aún no habían escogido inmueble. Y eso que ya han tenido tiempo, porque hace casi un mes que sus inquilinos decidieron irse. Así, el desalojo de esta madrugada por parte de la Policía Nacional (agentes de la UIP y de la Brigada de Información expertos en grupos radicales de izquierda) se ha producido sin incidentes porque no había nadie dentro ni tampoco habían dejado pertenencias de valor para los investigadores.
En un hecho insólito, en cuanto les llegó el mandamiento judicial de desalojo a la sede, situada en el número 16 de la calle Encomienda (en el barrio de Lavapiés), decidieron que lo mejor era recoger los bártulos y marcharse a otros centros sociales. La orden les llegó de forma oficial el jueves 27 de octubre, según anunciaron ellos mismos a través de las redes sociales. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid les daba un plazo de 48 horas para abandonar el edificio tras la denuncia del propietario, la familia Reyzabal (que fueron propietarios del Windsor). A pesar de la decisión de marcharse, anunciaron que el concierto «antirrepresivo» programado para ese mismo sábado seguía en pie.
Los okupas se quejaron entonces de la celeridad con la que el juzgado los echaba, «sin dejar apenas maniobrabilidad para recurrirlo». Un hecho que respondía, según su criterio, «no sólo a la posición social que ocupa la propiedad del edificio», sino a «criterios políticos enmarcados en la lucha de clases». «En otras palabras, se han empleado a fondo para destruir con celeridad un proyecto claramente comunista, en un contexto de ofensiva contra otros espacios de construcción popular, desarrollados al margen de las instituciones», explicaban. En el comunicado hacían un llamamiento a «la construcción de nuevas Casas Rojas en cada ciudad, en cada barrio, conscientes de que son una herramienta para luchar contra el capitalismo».
Se da la circunstancia de que fue en esta okupa donde, según fuentes policiales, se produjo la reunión preparativa de la convocatoria de Rodea el Congreso en la pasada sesión de investidura de Mariano Rajoy. Aquí decidieron que lo mejor era comunicarlo de forma oficial a la Delegación del Gobierno de Madrid y así lo hicieron.
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