Ahora Madrid
El callejero de la Memoria de Carmena se estrena en 2017
El Ayuntamiento quiere aprobar esta Navidad el primer cambio de nombre a 27 calles propuesto por el Comisionado de la Memoria Histórica. y comenzar la sustitución de placas en enero.
El Ayuntamiento quiere aprobar esta Navidad el primer cambio de nombre a 27 calles propuesto por el Comisionado de la Memoria Histórica
y comenzar la sustitución de placas en enero.
Madrid estrenará el callejero diseñado por el Comisionado de la Memoria Histórica de Manuela Carmena en 2017. Un total de 27 de calles de la ciudad propuestas para ser modificadas por la abogada y política socialista Paca Sauquillo, presidenta del Comisionado tienen sus horas contadas. Y es que, según pudo saber ayer Europa Press de la boca del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, el Ayuntamiento quiere que los cambios de denominación de las vías entren en el Pleno de diciembre; de esta forma, a comienzos del año que viene, podría procederse a la instalación de las nuevas placas en las 27 calles que cita el Comisionado de la Memoria Histórica en un informe elaborado y presentado a lo largo del pasado verano.
Fuentes municipales matizaron a este periódico que existe la posibilidad de que la controvertida medida tenga que aplazarse al Pleno de enero, ya que se encuentra a expensas de ser valorada económicamente en el próximo presupuesto municipal. De hecho, ahora mismo –y desde que la Junta de Gobierno del pasado 17 de noviembre aprobara someterla a consulta pública previa–, la modificación parcial de la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, edificios y monumentos de titularidad municipal se mantiene accesible a la ciudadanía que quiera ejercer su derecho a la información pública. Sea como sea, un mes antes o después, lo que parece cierto es que los primeros pasos para que los cambios de nombre se hagan efectivos llegarán de la mano del 2017.
En cuanto al precio de la futura actuación, se barajan varias cifras que, si bien no responden rigurosamente a una factura, ya han sido lanzada por varios miembros del equipo de Manuela Carmena. Así, hace meses, la edil Celia Mayer hablaba de 54 euros por placa sustituida –en este sentido, es importante recordar que cada calle cuenta con decenas de placas, situadas en todas las intersecciones–. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el pasado mes de julio calculó que la inversión municipal en estos términos ascendería a los 60.000 euros. A todo esto habría que sumar, por ejemplo, los gastos derivados de una nueva señalización de tráfico –muchos carteles de circulación se verán afectados por los cambios en la nomenclatura de las calles–.
No hay que olvidar tampoco que, actualmente, hay más de 200 calles puestas en tela de juicio por distintos colectivos y asociaciones que continúan en fase de estudio por parte del Comisionado de Sauquillo y que podría ampliar el número de cambios de placas y con ello el presupuesto para su sustitución. Esto es así porque el Comisionado de la Memoria Histórica creado por iniciativa de Manuela Carmena toma como punto de partida para llevar a cabo su trabajo de revisión del callejero de Madrid las propuestas recibidas desde cualquier instancia administrativa y ciudadana.
De entre todas ellas, se valoran sólo aquéllas que, según el Comisionado, falten al artículo 15 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, según el cual, las administraciones públicas deben llevar a cabo todas las medidas que sean oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura del general Francisco Franco. Bajo esta premisa, el polémico Comisionado propone cambios como como el de la calle al General Millán-Astray, que en 2017 pasará a ser la Avenida de la Inteligencia haciendo referencia a una discusión entre el militar y el escritor Miguel de Unamuno durante un coloquio en la Universidad de Salamanca en 1936 y que ha provocado la queja de los legionarios contra la retirada del nombre de su fundador y que incluso han amenazado a la alcaldesa con llevarla a los tribunales si ejecuta el cambio de nomenclatura al defender que Millán-Astray es parte de la memoria histórica de España, no del Franquismo.
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