El «manifestódromo» se desinfla

La gran cantidad de manifestaciones que se celebran en el centro de Madrid y la necesidad de regular las mismas para que vecinos y comerciantes tuviesen un respiro entre protesta y protesta se convirtió en «trending topic» en los mentideros de la política madrileña a comienzos de año. Tanto desde el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, hasta la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, clamaron acerca del incremento en las concentraciones desde que Mariano Rajoy gobierna. De hecho, los datos de las protestas revelaron que, desde 2011, se había triplicado en numero de manifestaciones convocadas en la capital respecto a los años en los que gobernó José Luis Rodríguez-Zapatero. Así, según datos de la Delegación del Gobierno, si en 2011 se convocaron 1.963 protestas en Madrid, en 2012 la cifra aumentó hasta las 3.419 y, en 2013, el número fue de 4.354.

Incluso con las concentraciones del 15-M, que en 2011 marcaron el final del Gobierno socialista, en 2012 se incrementaron en un 74% las protestas con respecto al año anterior. En el primer año como presidente del Gobierno de Rajoy y de Cristina Cifuentes como Delegada del Gobierno en Madrid hubo dos huelgas generales, el aniversario del 15-M, el Movimiento 25-S, Rodea el Congreso, así como las mareas verde de Educación, blanca de Sanidad y otras tantas de distintos colectivos. Dichas protestas continuaron en 2013, volviendo a crecer en más de un 70% respecto al año anterior, convocándose un tercio de las mismas en el distrito Centro, cuyos comerciantes y vecinos comenzaron a clamar a las administraciones públicas puesto que prácticamente a diario tenían en la puerta de sus establecimientos y en los portales de su casa.

La media de protestas en 2013 fue de una docena cada día, lo que supone cuatro concentraciones o manifestaciones tenían lugar en el centro de la capital cada jornada. A esto había que añadir la creciente violencia en algunas protestas, que culminaban con enfrentamientos con la Policía, decenas de heridos y detenidos y mobiliario urbano y escaparates destrozados. El cenit de esta violencia tuvo lugar el pasado 22 de marzo tras la llamada Marcha de la Dignidad cuando, antes de que terminase el discurso con la declaración de la protesta, un grupo de radicales antisistema atacó a los agentes de Policía situados entre la plaza de Colón y la calle Génova de la forma más violenta de las registradas hasta el momento.

Regulación

Desde comienzos de este año, el Gobierno regional pidió que, al menos en la Puerta del Sol, uno de los enclaves turísticos más importantes de la ciudad, se moderase el número de manifestaciones convocadas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, propuso entonces que se usase el criterio de Bien de Interés Cultural para limitar la cantidad de protestas y, después de los graves incidentes ocurridos el 22-M, propuso que se estableciesen criterios para ordenar las manifestaciones en toda la ciudad. La sugerencia fue elevada por Cristina Cifuentes –que ya había alertado en 2012 del extremado aumento de las protestas en el centro de Madrid–, al Ministerio del Interior y fue respaldada por su titular, Jorge Fernández que, sin embargo, afirmó que no era algo que se pudiese hacer fácilmente, al ser un derecho recogido en la constitución.

Tanto Fernández como la delegada del Gobierno explicaron que la Ley Orgánica 9/83 que es la que regula el derecho de manifestación tan sólo permite modificar una manifestación en caso de que huya peligro grave para las personas o bienes. Un recurso que Cifuentes ha utilizado en varias ocasiones para evitar conflictos, como en el caso de las manifestaciones ateas, que pretendían coincidir con las procesiones del Jueves y Viernes Santo. Sin embargo, la Justicia ha apoyado en muy pocas ocasiones las decisiones de cambio de horario o recorrido de las protestas, revocando las órdenes de la Delegación del Gobierno que, además, es condenada en costas por los recursos de los convocantes. Por este motivo, desde el Gobierno proponían una modificación a nivel jurídico que amparase los cambios realizados por la Delegación.

Pese a que no se ha hallado todavía ninguna solución satisfactoria para aunar los derechos de los manifestantes y de los vecinos y comerciantes del centro de la capital, las protestas se han atenuado en los últimos meses. Tal y como reveló ayer a Efe la Delegación del Gobierno en Madrid, hasta el 31 de julio de este año se han producido 1.856 manifestaciones, lo que supone un 38% menos que en 2013 a estas alturas del año (se celebraron 2.995 protestas). Aún así, Cifuentes recordó que en todo el año 2011 se produjeron tan sólo 1.963 concentraciones y manifestaciones por lo que, aunque la cifra se haya reducido, sigue siendo un número mucho más elevado que durante los gobiernos de Zapatero. Es más, en dos años, en Madrid se han celebrado 9.626 protestas, lo que supone 935 más que todas las celebradas en los siete años anteriores. Entre 2005 y 2011 tuvieron lugar un total de 8.964 concentraciones o manifestaciones.

El detalle

Traslado de Sol al paseo del Prado

Desde que tomó posesión como Delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes, casi en el aniversario del 15-M, las miriadas de protestas que se han celebrado en la capital han ido fluctuando del entorno de la Puerta del Sol –que se convirtió en icónico con la gran acampada de mayo de 2011 hasta el entorno del Palacio de Congresos–, en la Carrera de San Jerónimo. Iniciativas como Rodea el Congreso y Jaque al Rey han incrementado el número de protestas –especialmente las multitudinarias– convocadas en el paseo del Prado, a la altura de la bocacalle del Congreso, respecto a las celebradas en el kilómetro 0.