Operación Candy

El pederasta quiere anular pruebas y compara su caso con el de un etarra

Antonio Ortiz lleva en la prisión de Soto del Real dede el pasado 26 de septiembre
Antonio Ortiz lleva en la prisión de Soto del Real dede el pasado 26 de septiembrelarazon

La defensa de Antonio Ortiz alega una sentencia del Tribunal Europeo para invalidar las ruedas de reconocimiento y el registro de uno de sus pisos

La defensa del conocido como pederasta de Ciudad Lineal tiene por delante un complicado proceso pero, como es lógico, trata de hacer su trabajo. Así, el letrado que representa a Antonio Ortiz ha solicitado al nuevo juzgado de instrucción que asumió el procedimiento el pasado 27 de noviembre la invalidación de dos diligencias: las ruedas de reconocimiento y el registro que realizó la Policía en el llamado «piso de los horrores». Cristóbal Sitjar lleva denunciando la «invalidez» de las ruedas de reconocimiento a las que han sido sometidas las menores prácticamente en cuanto asumió la defensa de su cliente, pocas horas después de su arresto. Alega que el nombre y la imagen de su cliente fueron difundidos por la Prensa y las menores han podido ver esta imagen, por lo que la prueba estaría «viciada». Para reforzar su teoría, Sitjar tira de jurisprudencia y aporta una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un hombre acusado de pertenecer a ETA, según adelantó ayer la Cadena Ser. Se trata de una sentencia de 2011 en la que Europa condenó a España a indemnizar a una persona porque, en una rueda de prensa, el gobernador civil de Guipúzcoa le acusó de pertenecer a la banda terrorista pero finalmente era inocente. El indemnizado es José Francisco Lizaso, que fue detenido por la Guardia Civil en Usurbil en junio de 1994 en una operación policial contra ETA, destinada a desmantelar el «comando Kirrulli». En rueda de prensa se dijo su nombre y apellidos pero el instructor del caso, Baltasar Garzón, le dejó en libertad tras tomarle declaración, sin formular ninguna acusación contra él, según explicó ayer la SER. La defensa de Ortiz entiende que el caso es «casi exacto» a la rueda de prensa que ofreció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, poco después de su detención en Santander. Asegura que difundió en rueda de prensa su nombre y domicilios, un extremo que no fue así. No obstante, solicita la anulación de las pruebas de reconocimientos, en las que cinco de las niñas le identificaron.

La defensa del presunto pederasta de Ciudad Lineal también cuestiona el hallazgo de huellas dactilares en el interior del piso de Santa Virgilia, 3, donde cometió al menos dos de los abusos. Asegura que una de las niñas declaró ante la Policía –según consta en el sumario– que las puertas eran blancas cuando en realidad son marrones. Los agentes encargados del caso ya explicaron que la niña pudo referirse a las puertas de los trasteros del edificio.