El PP exije a IU que fuerce la dimisión de la vicealcaldesa de Fuenlabrada

De medir a todos los políticos por el mismo rasero, la vicealcaldesa de Fuenlabrada, María Teresa Fernández, debería presentar su dimisión al quedar formalmente imputada y acordar el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad la apertura de juicio oral contra ella por entender que existen «serios indicios de delito» por malversación de caudales públicos. Así al menos lo entiende el portavoz del PP de la localidad, Sergio López, y el vicesecretario de Comunicación del partido regional y diputado en la Asamblea de Madrid, Bartolomé González, quien pidió ayer «coherencia» a la ejecutiva madrileña de IU y «el cumplimiento de su palabra de pedir la dimisión de Teresa Fernández». El pasado mes de junio el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, aseguró que pediría la dimisión de Fernández de ser procesada por malversación de caudales públicos. «Su actuación y gestión está en entredicho», aseguró ayer en rueda de prensa el diputado popular por Madrid. González aludió directamente al «código ético» de la formación de izquierdas a la que se refirió Gordo y que debería aplicar ahora con la número dos del Ayuntamiento fuenlabreño.

Fernández, que gobierna en coalición con el PSOE (su alcalde socialista, Manuel Robles, tampoco se ha pronunciado por el escándalo), será procesada por jurado popular tras haber sido pillada in fraganti realizando unas obras en su chalé adosado privado con un operario municipal, con material del Ayuntamiento y en día laborable. Ocurrió el pasado 29 de mayo de 2012 y los vecinos fueron quienes dieron la voz de alarma. El PP lo denunció, y ahora el juez sobre el que recayó el caso entiende que sí hay indicios de malversación de caudales públicos por utilizar para fines privados personal y material al servicio de los vecinos de la localidad. El operario realizaba unas labores de enfoscado en la pared del adosado que la vicealcaldesa y también responsable de la Concejalía de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano (por lo que el uso del personal y material empleado para su beneficio particular estaba bajo su resposabilidad) comparte con su marido, el diputado regional Miguel Reneses.

Se da la circunstancia de que, además, la pareja disfruta de este adosado de VPPL situado en la calle Averroes, 25 sin haber sido adjudicatarios del mismo. Al tratarse de un piso de protección, la pareja de políticos de IU no podría optar a ella al cuadruplicar la renta máxima como requisito. La beneficiaria del mismo fue la madre de Reneses, aunque, según las escrituras de adjudicación de la vivienda, la pareja de políticos asumía el 30 de diciembre de 2008 los pagos de la hipoteca de la vivienda: 180.289 euros.

Los populares entienden que Fernández debería dimitir para seguir la misma línea de actuación en todos los casos. Y es que el que fuera concejal de Seguridad en la localidad, José Borrás (PSOE), presentó su dimisión en octubre de 2012 tras ser imputado en la «operación Emperador» contra las mafias chinas, cuyo epicentro estaba en Cobo Calleja.