La FP concertada recupera la subvención pública

El Tribunal Supremo anula la supresión de las ayudas a los centros que impartían Formación Profesional.

La Comunidad de Madrid recuperará el concierto de Formación Profesional (FP) de Grado Superior en once centros educativos. Esta medida, que afectará hasta a 10.000 estudiantes, fue anunciada ayer por Rafael Van Grieken, el consejero de educación de la Comunidad, en un acto homenaje a catorce centros concertados madrileños. La decisión del Ejecutivo regional pone fin al contencioso judicial que mantenía la Comunidad con estas instituciones desde 2013. Ese año, el por entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González, aprobó la supresión de los conciertos de Grado Superior sustituyéndolo por becas individuales.

Los colegios afectados recurrieron la decisión de González y, el pasado sábado, el Tribunal Supremo falló a favor de la reinstauración de los conciertos económicos. Desde Escuelas Católicas de Madrid, la asociación que llevó el peso de la lucha legal contra la Comunidad, consideran que «esta decisión frena el intento del anterior gobierno de la Comunidad de Madrid de implantar un sistema de copago educativo, lo cual supone un quebranto al principio constitucional de gratuidad y libertad de enseñanza».

Ahora el objetivo de la Comunidad, en palabras de Van Grieken, es «mantener un equilibrio adecuado» entre el concierto y otras ayudas.

Regulación de la FP dual

La eliminación de los conciertos públicos de 2013 formaba parte de una reforma de la Formación Profesional encaminada a adoptar el modelo alemán, en el que el alumno recibe formación tanto de los centros educativos como de empresas. Sobre este particular, la Comunidad de Madrid publicó ayer por primera vez una orden para regular diferentes aspectos de la FP dual, que hasta ahora se habían realizado mediante instrucciones, informa la agencia Europa Press. La publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid describe las bases de la Formación Profesional dual como «acercar la formación a la realidad empresarial, al mercado de trabajo y al desarrollo e innovación de los distintos sectores de actividad», así como «mejorar la ocupabilidad de los alumnos y adaptar las necesidades de cualificación detectadas en el mercado laboral». Así, esta orden establece que un mínimo del 45% de las horas de enseñanza se impartan con participación de las empresas.

La publicación de la orden coincide con el inicio del período de matriculación en estas enseñanzas que se cierra el 4 de julio.