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La Justicia llama a declarar a los ex consejeros Lamela y Güemes por la externalización sanitaria

Rechazada la paralización del actual concurso en seis hospitales

La Razón
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MADRID- El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el sindicato Afem en relación con los procesos de externalización sanitaria llevados a cabo en la región desde 2004, en concreto los de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. La admisión a trámite implica que nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tendrán que prestar declaración entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. Tal y como subraya el auto, la admisión a trámite «no exige la constancia acreditada de lo que afirma» la querella ya que «será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse la continuación de la tramitación de la causa o su sobreseimiento». Al margen de Güemes y Lamela, también declararán en calidad de querellados los responsables de Capio (IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs, Asisa, la Fundación Jiménez Díaz, la vicenconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño.

La resolución judicial rechaza tomar medidas cautelares respecto al proceso de externalización abierto en estos momentos y que supondrá el cambio de gestión de seis centros hospitalarios en septiembre. El auto considera que sería «notablemente desproporcionada» cualquier iniciativa orientada a suspender o paralizar el proceso de externalización. Y es que también subraya el juez que no corresponde a la Justicia abrir una «investigación general y prospectiva» sobre la externalización, «pues no compete al ámbito penal el debate sobre la legalidad del proceso, de carácter político y administrativo». La acusación particular la integrarán los diputados regionales del PSM José Quintana, José Manuel Franco, Amparo Valcarce y Rosa Alcalá.

Tras conocerse la admisión a trámite de la querella, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que es el resultado de «una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín». Según Lasquetty, este paso dado por el juzgado de instrucción no significa «ningún tipo de decisión», sino que el juez lo va a examinar: «Es un acto puramente de trámite», subrayó.