La Justicia obliga a Carmena a corregir el cierre de la Gran Vía

Los servicios postales, paquetería y de mercancías podrán transitar los días de tráfico restringido por orden judicial.

La Justicia ha vuelto a enmendar los cortes en el centro de la capital durante las navidades que puso en marcha la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hace menos de una semana. Las restricciones de tráfico en la calle Gran Vía y el cierre a la circulación de las calles Atocha y Mayor han soliviantado a otro colectivo cuyo negocio depende de la movilidad por la ciudad y que ha logrado que los tribunales reconozcan su derecho a cruzar el centro de la capital pese a la prohibición de la regidora.

Después de la reclamación de los vehículos de transporte cooperativo como Uber, Cabify y Car2Go, esta vez ha sido la organización empresarial de Logística y Transporte quien ha denunciado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 30 el decreto de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, mediante el cual el pasado 2 de diciembre se establecían las restricciones de circulación por la Gran Vía durante 29 días en tres tramos a lo largo de las festividades de Navidad, debido a que entre las excepciones de paso no se incluyó al colectivo en el que está el transporte de paquetería y postal, así como la distribución logística de toda clase de mercancías, entre otros. Así, los transportistas se veían obligados a desplazarse a pie para poder entregar los paquetes encargados, por ejemplo, a tiendas on-line.

Es por ello que la organización reclamó medidas cautelares con excepcional urgencia para que se permitiese el paso a los sectores afectados, cuestión que resolvió ayer a su favor el Contencioso-Administrativo número 30. En concreto, dispuso la suspensión del decreto de Sabanés para que se permita la circulación de los vehículos que presten servicios postales de recogida y/o entrega de paquetes, así como la distribución logística de toda clase de mercancías con origen o destino en uno de los viales de la área restringida. Igualmente, el Ayuntamiento de Madrid tiene tres días para presentar alegaciones sobre la medida cautelar.

Con todo, el Ayuntamiento anunció que prepara alegaciones relativas tanto a la carga y descarga como al servicio postal, con nuevos horarios a adoptar en relación con la carga y descarga. Así, el consistorio propone ampliar el horario de mañana hasta las 13 horas (dos horas más de lo estipulado en el decreto) de manera similar a lo recogido en la regulación actual de las Areas de Prioridad Residencial, es decir, quedaría establecido de 23 a 13 horas. A esto se une un horario vespertino con carácter general con la finalidad de carga y descarga de 16 a 18.30 horas. En relación con servicios postales de recogida y/o entrega de paquetes, el Ayuntamiento propondrá en sus alegaciones habilitar expresamente el acceso específico sin restricción horaria siempre y cuando el punto de origen o destino del reparto se encuentre en la propia Gran Vía o calles transversales muy próximas a las que sólo pueda accederse o sean de muy difícil acceso si no es por ella. Una alegación similar a la que ya ha sido admitida respecto a los vehículos de arrendamiento con conductor y autobuses discreccionales.

El Área de Medio Ambiente y Movilidad no informó de antemano ni a los colectivos afectados ni al Consorcio Regional de Transportes ni a los comerciantes, ni a la Delegación del Gobierno pese a tener reuniones con algunos de ellos el mismo día de la firma del decreto en el que se establecían las restricciones de circulación, por lo que el decreto mediante el que Carmena organizó los cortes de tráfico no incluyó las necesidades de muchos de ellos dentro de las excepciones de paso. Por ello, la semana pasada los tribunales obligaron a Sabanés a modificar el decreto a instancias de las empresas de vehículos de arrendamiento con conductor autorizados, como Uber y Cabify, así como a los autobuses discreccionales o Car2Go para que pudiesen circular libremente por la Gran Vía y las demás vías cortadas.

Pero estas compañías no son las únicas que han recurrido a la Justicia para que sus colectivos entren dentro de las excepciones de paso. También los comerciantes de la zona y el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid han anunciado que acudirán a los tribunales para denunciar las pérdidas que, según su punto de vista, provoca en sus negocios el cierre de la circulación –especialmente en el caso de los aparcamientos de rotación privados–.