La Justicia revoca el nombramiento de 504 funcionarios en Alcorcón

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón ya aprobó en julio del año pasado la anulación del proceso de funcionarización de 504 trabajadores municipales llevado a cabo en 2011 por el anterior Gobierno de la localidad pero el sindicato CC OO recurrió ante los tribunales. Ahora, la Justicia ha fallado a favor de la actual Corporación municipal, que gana la primera «batalla judicial» para anular definitivamente la funcionarización de estos empleados. Se trata de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 18 de Madrid fechada a 8 de febrero. El ex alcalde socialista Enrique Cascallana –en un ejercicio de «propaganda electoral» para con los empleados municipales– hizo, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 1 de febrero de 2011 (tres meses antes de las elecciones que finalmente perdió), la transformación en la categoría de funcionario a personal laboral fijo de distintos organismos municipales en un proceso que no cumplía con todos los requisitos legales. El ex regidor convirtió en funcionarios a personal, por ejemplo, que no realizaba labores «funcionariables» como monitores de deporte u otras profesiones que, aunque se ejerzan en el ámbito de la administración pública, no tienen relación directa con la misma. Así hasta un total de 504 empleos. Es decir, de los 524 trabajadores funcionarizados, 504 dejan de serlo y sólo 20 cumplían los requisitos.

Ya en febrero de 2013 el consistorio recibió un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2010 en el que se recogían diversas anomalías en este proceso calificadas de «importantes defectos», como por ejemplo, la falta de publicación de la oferta de empleo anterior a la convocatoria o la existencia de mayor número de nombramientos que de puestos de trabajo. Al apreciarse esta disfunción, el actual equipo de Gobierno, encabezado por David Pérez, impugnó las bases en las que se convocaron esos puestos en la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2013. Sin embargo, la Ley de Procedimiento Administrativo apenas daba unos meses para investigar todo el procedimiento y notificar a más de 600 personas que su caso iba a ser revisado. Al no haberse notificado en el plazo de tres meses, tal y como marca esta ley, el proceso por el que se investigaban estas bases quedaba anulado. Pero no por eso se frenaba la investigación. Se declaró la «caducidad» de este primer procedimiento y, en 2015, se iniciaba el segundo procedimiento de revisión de funcionarización. Aquí, además de revisar las bases por las que se convocaban a estos empleados, se analizaba las funciones de cada puesto de trabajo (deben estar especificadas) y los nombramientos. Es decir, el proceso para «desfuncionalizar» a estos más de 500 empleados seguía adelante.

La artimaña legal de CC OO era acudir a los tribunales para que no declararan «cerrado» el primer procedimiento y así anular el segundo, más completo. Algo que no han conseguido, según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Aunque todo este farragoso proceso judicial sigue su curso, el pasado 31 de julio, el ya extinto Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ya declaró el proceso de funcionarización de empleados en la localidad «nulo de pleno derecho». Al ser un dictamen vinculante, se aplicó y estos trabajadores regresaron a su antigua categoría.