Más de 1.000 pisos de la capital tienen okupas

El Gobierno de Carmena intenta sin éxito que aquellos que han ocupado ilegalmente un piso puedan acceder a una vivienda pública, mientras las mafias hacen negocio con los inmuebles vacíos en siete distritos.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un problema con la okupación ilegal de viviendas. Lo reconoció ayer el delegado de Seguridad, Javier Barbero, al anunciar que está elaborando un censo con los principales focos en los que actúan las mafias que hacen negocio con los inmuebles y pisos vacíos. Los vecinos afectados –que denuncian amenazas, coacciones, robos y graves problemas de seguridad y convivencia– se han adelantado al Gobierno de Carmena y ya cuentan con un documento de «Diagnóstico sobre okupaciones mafiosas». Este informe, que las asociaciones vecinales se ven obligadas a actualizar cada mes, revela que, con los datos de marzo sobre la mesa, hay siete distritos calientes: Carabanchel, Hortaleza, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Tetuán, Usera y Villaverde. Es imposible poner cifras a este fenómeno, pero se da por hecho que el número de pisos controlados por mafias y okupados ilegalmente supera ampliamente el millar.

En este escenario, el Ejecutivo de Ahora Madrid está a punto de aprobar el nuevo reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), cuyo parque de pisos sociales es precisamente uno de los blancos preferidos de las mafias. El reglamento de la EMVS que se someterá la próxima semana a votación por parte del Pleno introduce novedades en el acceso a estas viviendas. Entre los cambios destaca, por ejemplo, que las adjudicaciones se limiten al alquiler –no habrá opción de compra– y que el programa destinado a los jóvenes eleve el umbral de los candidatos hasta los 35 años. El punto más polémico del nuevo reglamento, sin embargo, gira en torno al problema de la okupación. Lo que Ahora Madrid propone es permitir que aquellas personas que han okupado ilegalmente una vivienda en la última década puedan acceder al alquiler de un piso público en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes. Con la norma vigente en la actualidad, los okupas quedan fuera de los procesos de adjudicación. Para la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Vivienda, Marta Higueras, este cambio no significa «legalizar la okupación» sino «dar una salida a las familias que están en una situación vulnerable». Ayer, el reglamento no recibió el dictamen favorable de la comisión del área. Ahora Madrid votó a favor, pero el «no» del Partido Popular y la abstención del PSOE y de Ciudadanos deja en el aire su aprobación hasta la próxima semana. En el pleno de este mes, su visto bueno estará en manos del PSOE. Si los concejales socialistas cambian su posición de hoy, el Gobierno de Carmena podrá aprobar estos nuevos requisitos, incluido el de dar entrada a los okupas a los programas de vivienda social. Desde el PSOE precisan que están «a favor de que puedan acceder a vivienda pública aquellos que hayan okupado ilegalmente siempre que en el momento de presentar la solicitud no lo estén haciendo».

Desde el Partido Popular, sin embargo, sí creen que la medida propuesta por Ahora Madrid signifique una legalización de la «patada en la puerta» y de las ocupaciones promovidas por las mafias: «Es un despropósito, están regularizando la ocupación y tiene además un efecto llamada». Precisamente, como ejemplo de este efecto llamada, el PP señala lo ocurrido con los pisos que la Sareb ha cedido al Ayuntamiento de Madrid. Hasta el momento, según los datos del propio consistorio, se han recepcionado 137 viviendas procedentes del denominado «banco malo». De ese total, 50 están ocupadas y 87 disponibles, aunque de estas últimas hay 13 de las que no hay llaves y uno de estos pisos ha sido vendido. En 32, los daños están por debajo de los 15.000 euros, mientras que en otras 27 superan esa cantidad. El Ayuntamiento reconoce que no ha visitado 23 de estas casas. Finalmente, hay pisos cedidos por la Sareb cuya entrada ha sido tabicada, que no tienen puertas o en los que, directamente, sus actuales inquilinos no han permitido entrar a los empleados municipales.

La conflictiva situación que afecta a los pisos cedidos por la Sareb es, sin embargo, sólo la punta del iceberg del problema de la okupación, tal y como denuncia las asociaciones vecinales. Según su trabajo, cinco de los siete distritos más problemáticos están en el sur de la capital.

Carabanchel. En este distrito, han sido localizadas tres zonas conflictivas. En el camino Alto de San Isidro, cuatro calles se han convertido en presa fácil para las organizaciones mafiosas. Los otros dos focos se ubican en Comillas –con especial incidencia en la calle Eduardo Rivas– y en la colonia Diego Velázquez.

Puente de Vallecas. En Entrevías, la asociación de vecinos La Viña denuncia más de 40 ocupaciones mafiosas. Se trata, sin embargo, de una pequeña estimación, ya que estos pisos sólo son los que tienen un seguimiento por parte de los vecinos porque como reconocen «hay muchas más con problemas en todo el barrio». En el número 21 de la calle Cerro de la Alcazaba y en el 9 de la calle Buendía, están localizados dos edificios que están ocupados por la mafia. Este grupo organizado alquila estas viviendas y sus inquilinos provocan «conflictos graves en las dos zonas». En la calle Calero Pita, los «okupas» son los cabecillas del entramado que hace negocio con estos inmuebles, de tal forma que los números 14 y 16 de estas vías se han convertido en «una especia de centro de operaciones». También se dan casos de ocupaciones en locales comerciales –en este caso del Ivima– que no cuentan con las necesarias condiciones de habitabilidad. «Los intentos de ocupación son constantes y diarios y son disuadidos gracias a la organización vecinal». La Asociación Puente de Vallecas denuncia que en el barrio de San Diego se repite el mismo patrón: las redes mafiosas «realquilan» los pisos y amenazan a los inquilinos aprovechándose de su vulnerabilidad económica y de su situación familiar. Aunque su blanco favorito son las viviendas de bancos, también se han dado casos en propiedades particulares. Es habitual en esta zona encontrar decenas de edificios tapiados tras el desalojo de los okupas.

Usera. En este distrito la actuación mafiosa se centra en los bloques del Ivima de la calle Asunción: los inquilinos de pisos de alquiler entregan las llaves a esta red que se apropia de estas viviendas.

Villa de Vallecas. La radiografía de lo que sucede aquí da una idea de la gravedad del problema: «Estas mafias alteran la normal convivencia en los edificios, para después pasar a adueñarse de los espacios públicos de la zona, montando fiestas a diario en época estival hasta altas horas de la noche, hacen carreras de motos y coches e intimidan a los pequeños comerciantes de la zona. Calculamos que en todo el Ensanche tenemos entre 90 y 120 ocupaciones mafiosas», denuncian la asociación del Pau del Ensanche. Y dan ejemplos: en el número 56 de la calle Antonio Gades se han desalojado la mayoría –aún quedan tres– tras la llegada de las órdenes de lanzamiento y tras el pago por parte de Encasa Cibeles –empresa que compró los edificios al Ivima– de entre 1.000 y 2.000 euros para que se hiciera efectivo el abandono. Los que han dejado esta calle se han trasladado a otras zonas del distrito.

Villaverde. La Unidad de Villaverde Este denuncia que «personas mayores tienen miedo de dejar sus casas en los periodos vacacionales y que la situación es especialmente grave en la colonia «La Quinta del Pilar» en donde hay una persona que cobran por «abrir» las casas. El trapicheo y episodios en los que los inquilinos tiran basura desde las ventanas y ponen música a todas horas condicionan la normal convivencia en estos inmuebles. En San Cristóbal, las ocupaciones afectan a todo el barrio, con focos de especial gravedad como la calle Burjasot. La UVA de Villaverde, según la asociación Los Hogares, hay okupas en «la mayoría de los bloques». La situación más grave se da en la colonia «Plata y Castañar», frente a la piscina.

Hortaleza y Tetuán. El problema afecta a estos dos distritos del norte en puntos aislados: la UVA de Hortaleza y en la zona llamada «pequeño Caribe», entre las calles Almansa, Topete y Tenerife, especialmente en edificios antiguos.