Mato y Mayer trocearon la auditoría del Open para dársela a un «despacho afín»

El PP se querellará contra los ediles por prevaricación y malversación de caudales públicos.

El PP del Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que va a presentar una querella contra los ediles que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el convenio firmado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y los organizadores del Madrid Open de Tenis que se está celebrando estos días en la Caja Mágica. El principal partido de la oposición considera que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer pudieron cometer como consejeros de Madrid Destino prevaricación y malversación de caudales públicos en el encargo de un informe jurídico en el que se basa la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia del PP subraya el hecho de que los concejales denunciaron el convenio ante Anticorrupción basándose en un informe jurídico que, tanto los ediles como la ex directora de Madrid Destino, Ana Varela, encargaron «a dedo» y «sin publicidad», tal y como apuntaron ayer desde el PP. Es decir, a pesar de que el importe total de los informes fueron 100.000 euros, los ediles habrían troceado en contrato en dos partes siendo cada una de ellos de 50.000 euros, cifra máxima para que una empresa municipal pueda contratar sin convocar un concurso público.

Para el portavoz del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Economía y Hacienda y la actual titular de Políticas de Género y Diversidad podrían haber quebrantado la Ley de Contratación de la Administración pública al «trocear» el encargo con el objetivo de adjudicárselo sin concurso a un despacho de abogados «afín». Según sospechan los populares, el objetivo de Mato y Mayer era llevar a la Fiscalía el convenio suscrito en 2001 que de origen implicaba una aportación municipal de 1,5 millones de dólares y que ha ido aumentando hasta alcanzar en la actualidad 7,9 millones de euros. Desde el PP creen que dado que los servicios municipales no habían encontrado ninguna anomalía, los concejales tuvieron que encargar hasta dos informes privados con el objetivo de que alguno encontrara una irregularidad denunciable.

De esta manera, según ha publicado «El País», los servicios jurídicos municipales han emitido en el último año tres informes sobre el convenio. Ninguno de ellos detectó ninguna irregularidad. Tras esto, los ediles que recientemente han sido expulsados por la alcaldesa Manuela Carmena de Madrid Destino, encargaron dos auditorías externas. El resultado de una de ellas fue lo que les sirvió para llevar el convenio a la Fiscalía. El precio que pagó Madrid Destino fue 100.000 euros: 50.000 euros por la auditoría propiamente dicha y otros 50.000 por la asistencia legal. El pago se hizo en febrero –sin el conocimiento de Carmena– al bufete Alemany, Escalona y Fuentes cuya auditoría detectó un posible pago duplicado. Los ediles y la ex directora de Madrid Destino interpusieron, sin anunciárselo al Consejo de Administración de la empresa municipal, la denuncia que, según especificaron ayer a este periódico fuentes municipales, la firmaron los propios Mato, Mayer y Varela, «basándose en sus cargos orgánicos dentro de Madrid Destino».