... pero el proyecto caduca en menos de un año y medio

Basta un paseo en bicicleta por el tramo del anillo verde ciclista que discurre entre Las Tablas y Montecarmelo, o una visita a los concesionarios de coches que hay en el entorno de la calle Isla de Java, para ver la degradación de una zona descuidada desde hace años. Chabolas, vertederos ilegales y hasta tierras contaminadas jalonan viejas naves industriales en ruinas o en peligro de caerse junto a otras empresas de actividad incesante pero medios limitados por los descampados llenos de basura, aceras inexistentes y calzadas angostas donde los vehículos industriales tienen dificultad de maniobra y los coches aparcan en cualquier lugar.

El problema es que desde que en 1997 las tres administraciones buscaron una solución al entorno, denominada «operación Chamartín», el ámbito no sólo no ha avanzado por una causa u otra sino que, además, ha visto aún más limitadas sus posibilidades ya que desde el inicio del trámite del primer Plan Parcial, allá por 2003, no se conceden licencias a las empresas y viviendas de la zona para no interferir en su desarrollo, de modo que ni la más mínima mejora como un aparcamiento para clientes y trabajadores o un nuevo almacén, se puede ejecutar.

Y eso que esta vez parecía la definitiva, después de broncas entre administraciones que en 22 años de desarrollo del proyecto han cambiado varias veces de signo político hasta demandas de los propietarios, que no querían pagar infraestructura, y Ecologistas en Acción, que no estaban de acuerdo con la recalificación de algunas parcelas. En febrero, de nuevo el Ministerio de Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y el consorcio Castellana Norte formado por BBVA y San José presentaron el nuevo proyecto de la operación Chamartín, rebautizada como Castellana Norte. Con una inversión menor que aquellos 11.000 millones de euros «pre-crisis» y una tramitación a prueba de bombas con 49 informes técnicos de todos los organismos públicos competentes y alguno más, por si acaso.

Incluso el consorcio de inversores hizo una campaña de participación entre los vecinos para que aportaran sus propuestas y aplicó cambios al proyecto que supusieron cien millones más de gasto, para que respondiese a las demandas de la zona. A esto había que añadir los otros cien millones que las empresas han gastado ya entre estudios y diseño de la operación urbanística. Sin contar los 6.000 millones previstos de inversión a lo largo de 20 años.

Tan sólo faltaba resolver las más de 1.700 alegaciones que se hicieron al Plan Parcial que ordenaba el ámbito. Pero las elecciones se pusieron de por medio y para el nuevo equipo de Gobierno de Manuela Carmena, de momento, nada hay escrito. De nada ha servido que la patronal madrileña CEIM abogue por no dejar escapar los 121.000 empleos que se generarán gracias al proyecto o que las tres administraciones, incluido el Ayuntamiento de Madrid, se vayan a embolsar 3.363 millones de euros como resultado de la venta de suelo y los aprovechamientos de la operación.

Además, el convenio incluye que serán los inversores quienes paguen las nuevas estaciones de Metro y el Nudo Norte (que ejecutarían los ingenieros municipales), además de la limpieza de las tierras contaminadas, la salvaguarda del patrimonio protegido que existe en el ámbito –incluyendo dos ermitas centenarias en ruinas y la fábrica de Profident, entre otros– o la recuperación de las escombreras que ahora inundan la zona. Pero al equipo de Ahora Madrid no le gusta «ese modelo de gestión».

Un nuevo parón al proyecto cuyos promotores no están dispuestos, esta vez, a esperar otros 22 años a que cambie el Gobierno o a que busquen otra forma de resolver la brecha entre Fuencarral y Hortaleza por el norte de la capital. El 31 de diciembre de 2016 expira el contrato para la compra por mil millones de los terrenos de Adif.