Recuperar una casa ocupada en dos semanas

La oficina de seguimiento de Policía y Guardia Civil reduce de dos años a 15 días el plazo para rescatar viviendas usurpadas. En la región hay casi 4.000.

Se tramitan como juicio rápido y así se ha conseguido reducir de dos años a entre quince y sesenta días el tiempo de recuperación de una vivienda ocupada. Es uno de los datos ofrecidos ayer por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, tras una reunión mantenida con los responsables de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), presidida por Guillermo Hita, y representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. De éste último cuerpo estaban, además del jefe Superior, Germán Castiñeira, el coordinador de la Oficina de Seguimiento de Viviendas, Sergio Gámez. Es precisamente la creación de esta oficina la que ha conseguido mejorar las cifras. Y es que, si un afectado presenta una denuncia en una comisaría policial o en la propia oficina, los responsables policiales inician el trámite judicial gracias al apoyo de la Fiscalía y de una decena de juzgados habituales. Así, desde que se creó esta oficina específica, en abril del año pasado, se han realizado 615 juicios rápidos que han permitido recuperar 1.355 viviendas. De ellas, 953 ha sido sólo en 2017, lo que supone un 137 por ciento más que el año anterior.

La cifra de pisos ocupados en al región sigue siendo alarmante: casi 4.000. A 15 de octubre, había concretamente 3.994, según explicó ayer Dancausa. Esto es la constancia oficial por parte de los distintos cuerpos policiales; es decir, que la cifra puede ser mayor. En esos pisos o locales usurpados, los agentes han identificado a 3.731 personas, 2.597 de ellas en 2017. La mitad de ellos, según las mismas fuentes, cuentan con antecedentes policiales y el 30 por ciento se encuentran en España en situación irregular, siendo las nacionalidades más habituales (el 84 por ciento de los casos son extranjeros) dominicanos, marroquíes, rumanos y colombianos.

Según las cifras aportadas ayer, sólo el 25 por ciento de los casos de ocupaciones tienen carácter social. En estas ocasiones, tras la orden judicial de desahucio, son derivados a los servicios sociales de cada municipio. Así, el Plan Estatal de Viviendas del Gobierno ha dado ayudas al alquiler a más de 100.000 familias y otras 70.000 están recibiendo ayudas para afrontar hipotecas.

Pero no todas las viviendas se ocupan por «necesidad». Detrás de esta práctica ilegal hay mafias de todo tipo. Por un lado, grupos organizados que se dedican a ocupar viviendas vacías para luego alquilar a familias necesitadas a precios que poco distan de los de mercado pero también hay mafias que se meten en estos menesteres para hacer otro tipo de negocios. Se trata de las bandas que llevan los llamados «narcopisos», que hay sobre todo en Lavapiés (distrito centro) y en distritos como Puente de Vallecas. De hecho, éste es el segundo distrito de la capital con más viviendas ocupadas (438), sólo superado por Usera-Villaverde (504). Esta realidad se ha convertido en los últimos meses en un verdadero problema social y de convivencia vecinal ya que los vecinos están cansados de ver merodear a toxicómanos por las calles del barrio para adquirir estupefacientes en pisos y, en muchas ocasiones, lo consumen en el propio piso o, en el peor de los casos, en cualquier lugar de la vía pública a la vista de menores.

Aunque no todos son mafias. También hay muchos colectivos que ocupan espacios para desarrollar talleres para los vecinos del barrio o iniciativas de todo tipo por parte de colectivos antisistema más radicales de otro corte más político.