Puente de Vallecas
Repunte de vandalismo en respuesta al ultimátum
La respuesta de los huelguistas al ultimátum de Ana Botella para terminar con los destrozos ocasionados por el paro en el servicio de limpieza viaria de la capital ha sido incrementar el vandalismo. En lugar de esforzarse en las negociaciones con las empresas concesionarias del servicio, los piquetes, que durante diez días se han dedicado a esparcir basura, quemar contenedores y destrozar el mobiliario urbano, optaron por recrudecer la violencia contra los servicios mínimos, impidiendo que uno de cada cuatro barrenderos pudiese realizar su trabajo, así como destruyendo cubos, papeleras y contenedores. Según datos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en las horas posteriores al anuncio de la alcaldesa de tomar el control de los servicios mínimos, se produjeron más incidentes que ningún otro día del paro, salvo el primero.
El miércoles, la Policía Nacional detuvo a un individuo por desórdenes públicos y coacciones a los trabajadores del servicio de limpieza que acudieron a su puesto e identificó a seis personas por volcado de basura en el distrito de Salamanca. En cambio, durante el jueves, el número de identificados se incrementó a 28, once de ellos por volcado de contenedores –impidiendo el paso de vehículos en el centro de trabajo de la calle Belzunegui–, una decena por desordenes públicos y coacciones, cuatro en las proximidades de contenedores y tres por volcado de basura en la calzada. Los violentos quemaron 14 contenedores de basura y llegaron a prenderle fuego a uno de ellos en el interior de una sucursal bancaria en Puente de Vallecas. También provocaron destrozos a cuatro vehículos y rasgaron la ropa de ocho empleados del servicio de limpieza.
La del jueves fue la jornada más violenta de la huelga desde el día 5, que se saldó con 36 identificados y cinco detenidos. Según las cifras facilitadas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, desde el comienzo del paro se ha detenido a ocho personas relacionadas con los disturbios y 249 han sido identificadas por el mismo motivo. Como consecuencia de la actuación de los violentos, 12 vehículos particulares han sufrido daños, así como otros 7 de las empresas de limpieza. Por su parte, las adjudicatarias han elaborado un balance provisional de los daños producidos en vehículos, instalaciones y material de trabajo, que suma 5.203 incidencias. De ellas, destacan las 2.089 herramientas de trabajo que se han robado o roto, o las 1.109 ruedas de carro de barrendero que los violentos han pinchado para impedir el desarrollo de los servicios mínimos. Igualmente, han roto 20 cerraduras y candados y han efectuado más de 200 pintadas en centros de trabajo, vehículos y maquinaria. Las empresas aseguran a su vez que han sufrido 364 agresiones por parte de los piquetes, que van desde lanzamiento de huevos, piedras o petardos hasta cócteles molotov y bolas de acero. En total, los gastos de la huelga se elevarían a 454.469 euros.
Apoyo de la Defensora del Pueblo
A todo esto se añaden las 877 papeleras destruidas, que suponen un coste de 300.000 euros, y 359 contenedores, que cuestan 196.000 euros, que ha contabilizado el Ayuntamiento de Madrid. En suma un millón de euros en daños que desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad recordaron que los madrileños no pagarán, sino que revertirá el coste a las empresas adjudicatarias. Al respecto, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, defendió la actuación de Botella al poner un límite a la actuación de los piquetes. «Cuando son servicios asistenciales una tiene que coger las riendas y no hay más remedio que dar algún mandoble», señaló, y añadió que «las autoridades tienen que mojarse y decir ''hasta aquí hemos llegado''» para exigir el cumplimiento de los servicios mínimos, algo que tildó de «fundamental».
Pese al ultimátum del Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y los sindicatos del servicio de limpieza viaria y jardines no llegaron ayer a ningún acuerdo tras la reunión extraordinaria que tenían prevista. En el encuentro, en el que estaba previsto tratar el nuevo convenio colectivo del sector, las compañías OHL-Ascan, Sacyr, FCC y Ferrovial mantuvieron su oferta de rebaja salarial a niveles de 2007, incrementadas con los aumentos correspondientes a la antigüedad para evitar los despidos, mientras que los sindicatos UGT, CC OO y CGT insistieron en prorrogar un año el convenio con una congelación salarial en 2013 y en 2014. Las partes tienen hasta mañana para lograr una acuerdo.
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