«Terror laboral» en el Ayuntamiento de Valdemoro

Las alegaciones de dos funcionarias contra la bajada de sueldo impuesta por el alcalde han paralizado la catalogación de los empleados municipales y encendido el malestar entre los trabajadores eventuales.

Hace poco más de un año el PSOE, con el apoyo de Ganemos Ahora Valdemoro, Izquierda Unida y un partido local, le arrebató la alcaldía de Valdemoro a Ciudadanos, entonces liderado en la localidad por Guillermo Gross. Al tomar posesión, el nuevo regidor, Serafín Faraldos, quiso ajustar las categorías de la plantilla bajo el principio de «mismo puesto, misma plaza, mismo salario», puesto que, según aseguró, había funcionarios cobrando productividades que no se habían consolidado y que la intervención municipal señalaba como irregulares. El resultado de la nueva catalogación que se aprobó en abril fue que 133 funcionarios mantuvieron sus condiciones y seis sufrieron un recorte de sueldo.

De éstos perjudicados, dos funcionarias presentaron alegaciones que provocaron que los grupos de la oposición rechazaran la catalogación en el pleno municipal de modo que, desde entonces, está en suspenso a falta de que las trabajadoras afectadas decidan presentar un recurso contencioso-administrativo por la vía judicial para el que tienen plazo hasta febrero.

Sin embargo, este pequeño conflicto laboral es tan sólo la punta del iceberg de la escalada de tensión que se está produciendo entre el alcalde y los empleados del Ayuntamiento. Según denuncian tanto el grupo municipal del PP como Ciudadanos de Valdemoro, la catalogación no sólo ha perjudicado a un puñado de funcionarios sino que a raíz de su puesta en marcha el equipo de Gobierno de Faraldos está revisando la titulación de todos los empleados interinos y eventuales del consistorio, que temen por su puesto de trabajo pese a llevar varias décadas trabajando para el Ayuntamiento. Es más, los portavoces de Ciudadanos, Sergio Parra y el PP, David Conde, denuncian las «presiones» que el alcalde socialista estaría ejerciendo sobre determinados trabajadores municipales de forma que se han disparado las bajas médicas por motivos psicológicos entre la plantilla.

Así, las dos funcionarias que presentaron alegaciones ante la reducción de su sueldo en varios miles de euros anuales a raíz de la nueva catalogación se encuentran de baja psicológica, siendo una de ellas además representante de CC OO, sindicato que respaldó la iniciativa del alcalde salvo en los casos en los que resultaba perjudicial para los trabajadores. De este modo, en las reclamaciones administrativas que presentaron ante el consistorio afirman que la reducción de sus retribuciones «supone no sólo la existencia de un trato discriminatorio respecto de mi persona» y que «esta actuación viene dada también como represalia por otras cuestiones que nada tienen que ver con la prestación del servicio».

Y es que, al margen de que aseguran que no se puede hacer dicha reducción del complemento de productividad al carecer el consistorio de la Relación de Puestos de Trabajo –documento en el que se reflejan oficialmente las características y cometidos de todos los funcionarios municipales–, entre otras cuestiones legales, las dos trabajadoras municipales denuncian las presiones que han sufrido de Faraldos en sus respectivos puestos de trabajo. En concreto, una de ellas, responsable en el área de Urbanismo, afirma que «ha sido puesto en duda y utilizado para perjudicarme el hecho de tener que acudir habitualmente al juzgado en calidad de perito testigo, en el “caso Púnica” (...) habiéndose hecho apreciaciones en público por parte del Alcalde a que era responsable de lo ocurrido». Asimismo, reclama que ha «sufrido represalias» por haber emitido informes técnicos «que no favorecían las pretensiones» de Faraldos.

Por su parte, la otra funcionaria, del servicio jurídico municipal, que ha alegado en contra de la catalogación que reduce su complemento de productividad, apunta a que «el cumplimiento por mi parte del deber de confidencialidad en mi trabajo de Letrada ha conllevado presiones por parte del alcalde al comunicar que no podía facilitar información sobre el “caso Púnica”». También señala que ha sufrido represalias al emitir informes jurídicos «contrarios a la pretensión del alcalde» y apunta como una de ellas el hecho de que Faraldos no la ha convocado a las reuniones de seguimiento con el bufete privado con el que el consistorio tiene contratado el refuerzo necesario para los pleitos derivados del «caso Púnica» pese a ser ella la responsable de coordinación. Además, Esta trabajadora realiza una grave denuncia contra Faraldos, de quien dice «se me ordena verbalmente denunciar a varios concejales de la anterior Corporación por presuntos delitos, solicitando confirmación por escrito que conlleva una actitud de rechazo del alcalde a mi persona ya que se niega a hacerlo por escrito».

Crispación

Ante esto, desde el grupo municipal del PP, su portavoz, David Conde, criticó el «ambiente de crispación» que se vive entre los empleados del Ayuntamiento de Valdemoro por la revisión de sus puestos de trabajo realizada por el equipo de Faraldos, a quien acusa de realizar una «persecución continua, en la que han tachado con numerosos calificativos ofensivos a los trabajadores, exponiendo hacia la opinión pública que sus empleos eran ilegales». Igualmente, el portavoz de Cs, Sergio Parra denunció el «ambiente provocado por el equipo de gobierno municipal que, a través de presiones denunciadas públicamente por algunos trabajadores está minando la moral de estas personas, disparando el número de bajas laborales y situando a determinados empleados públicos en la diana».

Al respecto, el alcalde rechazó las denuncias de las dos funcionarias, con quienes dijo mantiene un contacto limitado y formal. Igualmente, defendió los criterios con los que se ha hecho la nueva catalogación ya que, afirmó, «una productividad tiene que tener informes y no se puede consolidar ni ser periódica». «Se trata de complementos que se aprobaron fuera de las tablas legales cuando gobernaba el PP y que eran irregulares según los informes de la intervención», insistió Faraldos, que señaló que, aún así, se les ha consolidado más de un 70% del complemento de productividad, además de que no se ha tocado el salario base ni el complemento de destino.

La hermana del alcalde, en la diana

La hermana del alcalde, Verónica Faraldos, está vinculada al Ayuntamiento desde 2003 como monitora deportiva y, el pasado septiembre, el consistorio aumentó hasta el máximo legal sus horas de clase como fija-discontinua lo que supone, en la práctica, un aumento de sueldo. Dicho incremento se aprobó en un decreto aparte al de otros monitores deportivos para que no fuese firmado por el regidor sino por el teniente de alcalde y así no entrar en un conflicto de intereses. Desde diversas fuentes se ha denunciado esta circunstancia con la afirmación añadida de que la hermana del alcalde no tuvo hasta 2011 la titulación necesaria para ejercer sus competencias, extremo que desmintió Faraldos. Igualmente, justificó el aumento de horas ante la baja de una de las entrenadoras dado que es la única fija-discontinua que tiene la formación para sustituirla en las clases de gimnasia.