Tres altos cargos de Getafe, acusados de malversación en la indemnización al abogado que declaró contra Cs

El Juzgado número 5 de Getafe ha abierto, a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo del Partido Popular local, diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos contra la ex concejal socialista Mónica Cerdá, el abogado Alberto Ganga y el gerente de la empresa municipal GISA, José Manuel Hernández, persona de confianza de la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE).

Ganga, que lleva la acusación particular contra concejales del PP de Getafe en el asunto «Teatro Madrid», adquirió notoriedad al declarar en el Senado contra Ciudadanos ante la Comisión de Investigación de Financiación de Partidos Políticos. El letrado, quien fue expulsado de la formación naranja, habría percibido, según la denuncia, 60.000 euros de dinero público en concepto de indemnización por despido, a través de la empresa municipal GISA, para la cual trabajó durante 29 días en periodo de prueba, no habiendo superado el mismo. Ganga tuvo que prestar declaración en sede policial en calidad de «imputado no detenido» el pasado 28 de febrero. También lo ha hecho Cerdá, quien en su declaración involucró a la alcaldía getafense en el asunto. El llamado «caso Ganga» ha puesto en un aprieto político y judicial a Hernández. Ahora Getafe y el PP han pedido explicaciones a la regidora, al mismo tiempo que reclaman la dimisión de Cerdá y Hernández.

Al escándalo desatado por la contratación y despido de Ganga se suma, además, la acusación efectuada por la Policía Nacional contra Ganga por un presunto delito de “uso de información privilegiada”. Según el oficio de la policía número 19.217/16 incluso en el sumario del ‘caso Teatro’ que obra en poder de LA RAZÓN, Ganga habría aprovechado “en su beneficio de la información que poseía sobre las pruebas de selección en las que él participó” para optar al puesto en GISA, objeto de la anterior denuncia y que ocuparía durante algo menos de un mes. Lo cierto es que en el examen Ganga obtuvo, como ha podido conocer LA RAZÓN, una puntuación cuanto menos insólita: cien puntos sobre cien.

Desde el entorno de Ganga y coincidiendo con lo alegado por éste durante su comparecencia ante la policía, afirman que contra el abogado hay “una guerra política interesada” al ser éste quien ejerce la acusación popular contra el PP y además, representar a varios de los trabajadores de LYMA, despedidos por el actual gobierno socialista.