Una nueva Ley del Suelo para aligerar los Planes Generales

Cifuentes presenta un proyecto de regulación que reduce los terrenos urbanizables y agilizará la aprobación de las operaciones dirigidas a rehabilitar los cascos urbanos

Tres «R» marcarán el futuro urbanístico en los municipios madrileños: rehabilitación, renovación y regeneración. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes inició ayer los trámites para sacar adelante la nueva Ley del Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno. Un borrador para una norma que supondrá una enmienda a la totalidad a la ley que promulgó y aprobó Esperanza Aguirre, y que pretende ser más flexible y simple que la actual, que ha sufrido 15 modificaciones desde su aprobación inicial en 2001. Cambios que, aseguran fuentes regionales, han provocado algunas de las lagunas legislativas en esta materia que existen hoy en día, y que el texto pretende atajar poniendo fin a la dispersión normativa y a la conflictividad jurídica.

La principal novedad se refiere a la creación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) Simplificado. Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de euros de presupuesto podrán optar al mismo para llevar a cabo actuaciones en sus cascos urbanos. Este planeamiento, que no permitirá la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos, podrá aplicarse en hasta 86 municipios (casi la mitad de los de la región) que cumplen con los requisitos de este PGOU más ágil. Los ayuntamientos que quieran seguir con el sistema actual lo podrán hacer.

Para las medianas y grandes ciudades la nueva ley contempla instrumentos urbanísticos, como los programas locales de actuación sobre el medio urbano, que –al contrario de lo que sucede ahora– permitirán que sólo con la aprobación de un plan especial en los plenos de los ayuntamientos los proyectos se incluyan en los PGOU sin necesidad de modificarlos. La elaboración de estos planes será voluntaria y permitirán alteraciones en el planeamiento de los municipios para desarrollar las actuaciones recogidas en las tres «R».

La ley, explicaron fuentes de la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, no se ha hecho pensando en las operaciones en proceso actualmente y que no se verán afectadas cuando la Asamblea de luz verde a la nueva ley.

«Agilizará planes urbanísticos que hasta ahora se tardaban en hacer 17 años», añadieron. Los municipios tendrán obligación de facilitar indicadores de información que permitan a la Comunidad de Madrid seguir el desarrollo de los PGOU y, en su caso, su revisión. El espíritu del nuevo reglamento será hacer transparentes los procesos urbanísticos pero, este caso, los ciudadanos podrán realizar sugerencias que no serán vinculantes.

Con el objetivo de evitar que los ayuntamientos saquen adelante «desarrollos urbanísticos innecesarios» –explicó Cifuentes–, el nuevo cuerpo normativo introducirá modificaciones en las actuales clases de suelo urbano: el suelo no urbanizable sectorizado pasará a ser suelo no urbanizable común y, con ello, los terrenos hasta ahora reconocidos bajo esta tipología se quedarán en una bolsa hasta que se produzcan las condiciones necesarias para que puedan ser urbanizados. «Clarifica qué suelos se puede desarrollar o no. En el suelo no urbanizable común no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planeamiento general a iniciativa de los propios ayuntamientos», aseguró la presidenta regional en declaraciones recogidas por Servimedia.

Asimismo, el nuevo reglamento evitará que continúen produciéndose situaciones de impunidad de los infractores urbanísticos que ahora se benefician de la demora en la tramitación de las infracciones. Para ello, el Ejecutivo de Cifuentes prevé ampliar a ocho años el plazo de preescripción de las infracciones incluyendo la posibilidad para la Administración regional de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una irregularidad urbanística. En este sentido, la Comunidad tendrá capacidad para obligar a los infractores a que corran de su bolsillo con las actuaciones que sean necesarias para restaurar la legalidad urbanística dañada. Repercutirán los gastos de todo el proceso en el infractor.

Una vez que la ley sea aprobada en la Asamblea, los ayuntamientos tendrán un plazo de cuatro años para adaptar sus planeamientos a los nuevos requisitos. Si transcurrido este tiempo no han actualizado su PGOU, éste seguirá vigente, pero no podrán llevar a cabo ninguna modificación puntual. Sólo en el caso de que un expediente esté en fase inicial cuando entre en vigor, deberá iniciarse por completo ajustándose a la nueva normativa.

El resultado final del anteproyecto de ley es un texto completamente nuevo con 273 artículos distribuidos en 10 títulos que se adapta a la legislación estatal y que se basa en los trabajos que han llevado a cabo las mesas de política, técnica y sectorial que durante el último año «se han reunido periódicamente para conseguir el mayor grado de consenso posible», aseguró el titular de Medio Ambiente, Jaime González Taboada. Unos grupos de trabajo en los que participó más de medio centenar de representantes de la sociedad civil, de colegios profesionales madrileños (de ingenieros, ingenieros de Caminos, Canales y Puertos...), ecologistas y de diversas asociaciones vecinales y empresariales –todos los grupos políticos con representación regional también fueron invitados– y que ahora será remitido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno para iniciar el trámite parlamentario y, como dijo Cifuentes, adaptarse al «urbanismo del siglo XXI».

Plantón a la ley de PSOE y Podemos

La redacción de las bases de la nueva regulación urbanística regional no ha contado con la presencia de los representantes de todos los partidos políticos. Si bien Ciudadanos ha participado en las reuniones, con los diputados de PSOE y Podemos no ha sucedido lo mismo. Ambas formaciones abandonaron las negociaciones tras confirmar que se mantendrá la posibilidad de construir más allá de tres alturas en la Comunidad. «Nos sentimos expulsados cuando no se cumplió lo acordado entre los grupos y se dejó de abordar la reforma integral de la ley, como estaba previsto, pasándose a tratar asuntos parciales», aseguraron ayer los socialistas, que prevén presentar en la Asamblea su propio proyecto.

Las claves

- Fin al suelo no sectorializado. En la nueva regulación el suelo será urbanizable o no urbanizable con modificaciones.

- Sólo planes especiales. Los grandes municipios podrán alterar su planeamiento sin tocar sus PGOU.

- PGOU simplificado. Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán optar por un trámite simple para actuaciones en sus cascos urbanos.

- Mayores sanciones. Incrementa la preescripción de los delitos urbanísticos a ocho años. El infractor pagará la restauración de la legalidad.