Política

El retraso en el concurso de las residencias de ancianos las tiene seis meses sin cobrar adjudicar

Oltra no desmiente la denuncia del PP, sino que recuerda que el TSJ declaró ilegal el «modelo Cotino» en marzo de 2016 y ha tenido que volver a adjudicar todas las plazas

La Razón
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Oltra no desmiente la denuncia del PP, sino que recuerda que el TSJ declaró ilegal el «modelo Cotino» en marzo de 2016 y ha tenido que volver a adjudicar todas las plazas

La gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas comienza a pesarle a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. Con el asunto de los menores todavía coleando, el PP abrió ayer otro frente, el de la residencias de mayores.

La diputada popular, María José Català, denunció ayer que la Generalitat no ha adjudicado el concurso para la prestación del servicio de las residencias de ancianos, y que lo tiene paralizado seis meses. Tal circunstancia hace que no se puedan pagar las seis mensualidades que las residencias están trabajando «en precario» sin concurso.

Català explicó que la partida de crédito de 218 millones destinada a tal fin no se podía ejecutar y que «algún día aflorarán las ‘facturas en el cajón’ porque estas suponen un enriquecimiento injusto del que se debe dar cuenta al Consell». Además, la diputada explicó que lo criterios del concurso eran totalmente objetivos y que por lo tanto su resolución era muy sencilla, por lo que «si no se adjudica es porque no se quiere».

Explicó que «estaban buscando la fórmula para no aplicar el conocido como «modelo Cotino», al igual que tardaron meses en adjudicar la lucha contra los incendios para ver de qué forma no se lo adjudicaban a Avialsa».

Oltra se resistió a dar una explicación al respecto. Primero dijo que estas cuestiones le habían «pillado gobernando», pero finalmente admitió que quedaban por resolver tres «lotes» y que a día de hoy hay diez adjudicados, pero que están pendientes de contratación.

Explicó que el TSJ declaró ilegal en marzo de 2016 el «modelo Cotino». Esta resolución judicial afectó a 2.150 plazas y se decidió ejecutar la sentencia sin tocar a las personas que se encontraban en las residencias para no crearles un «perjuicio irreparable».

En noviembre se publicó en el diario de la Unión Europea el contrato por valor de 188 millones de euros y el 26 de enero se realizó el acto público de apertura de sobres. No fue hasta el mes en abril de este año cuando se adjudicaron los diez lotes y quedaron todavía otros tres pendientes.

Oltra dijo que en este momento hay 636 plazas regularizadas y presumió de haber acabado con el monopolio de las empresas que «promovió el PP», dado que ahora serán 31 las que gestionen las residencias y no diez.

Silencio sobre los pagos

La vicepresidencia no precisó si adeuda seis meses a las residencias, tal y como denuncian los populares. «La casuística es muy amplia» y recordó que, en cualquier caso el Consell depende del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el ministro Cristóbal Montoro envía de manera arbitraria.