Nuevo registro en el Ayuntamiento de Cartagena por papeles de Escombreras

El Gobierno regional insiste en que no se ha requerido más información que la ya entregada a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas

Tras el registro en la desaladora de Escombreras y la Consejería de Agricultura el pasado martes en busca de información, los agentes de la Guardia Civil entraron ayer a primera hora de la mañana en la Concejalía Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena solicitando la licencia de obras y de actividad de la planta. Además, el alcalde del municipio murciano, José López, también tiene las competencias del área de Urbanismo e Infraestructuras, por lo que afirmó que no le había sorprendido que se personaran en las dependencias institucionales.

«No tengo nada que decir puesto que se está investigando pidiendo información» sobre actuaciones que han sido declaradas secretas. Por ello, remarcó que espera que se depuren responsabilidades a todos los niveles a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura.

Por su parte, la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, puntualizó ayer que las actuaciones de los últimos días en las instituciones sobre la desaladora finalizaron sin que los agentes de la UDEF o la Guardia Civil requirieran más información que la remitida anteriormente a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas o a la Comisión que se celebra en la Asamblea Regional.

De este modo, defendió así la transparencia durante la entrada en la Consejería de Agricultura y puso de manifiesto «la máxima colaboración y respeto con la Justicia» por parte del Ejecutivo murciano que, recordó, «adoptó el personarse como parte interesada en las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de Cuentas».

Asimismo, subrayó que la infraestructura de Escombreras «es la más rentable que cualquiera de las inversiones incluidas en el plan de agua de la exministra, Cristina Narbona, o el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero», y aseguró que se trataba de una planta «imprescindible y necesaria», tal y como lo anunciaron los propios regantes.

Comisión Regional

Paralelamente, la Asamblea Regional celebró ayer la Comisión de Investigación de la desaladora, que contó con la comparecencia del exgerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, que ocupó el cargo de 2005 a 2008.

Explicó que cuando fue nombrado en el cargo le informaron que el proyecto «era del presidente del Gobierno regional», que en aquel momento era Ramón Luis Valcárcel, y al incorporarse al EPA le dieron instrucciones de cómo «iba a ser el diseño contractual, así como todas las operaciones».

Asimismo, reiteró que el ente estaba sujeto al derecho privado, lo que suponía que «ni iba a haber inversión pública ni a tener relación con el presupuesto del Gobierno regional».