Así es el negocio de los trabajos de fin de grado: 1.000 euros por tesis

A Juan (nombre ficticio), un joven madrileño, no le salió demasiado bien pagar 125 euros porque le hiciesen el TFG, el trabajo de fin de grado. Estudiante de Magisterio, Juan migró al extranjero para perfeccionar el idioma. Y desde allí fue complicado mantener una comunicación fluida con su supervisora. «Lo fui dejando y creía que estaba encauzado pero la tutora tenía sus exigencias», recuerda. A falta de 20 días para el fin del plazo, decidió comprarlo. «Contacté con una agencia. No les gustaba mucho mi trabajo y dijeron de hacer uno nuevo». Modificaron el ya existente, lo que tampoco le convenció. ¿La opinión de su profesora una vez que lo tuvo en sus manos? «Me dijo que tenía una pregunta mal y que, como todo estaba relacionado entre sí, el trabajo no valía. Cero, un no presentado». Sin embargo, no lo duda: «¿Volvería a pagar por ello?... ¿Por qué no? Si te van a hacer un TFG por 150 euros o 200 y te quitas un problema como este, adelante».

El trabajo de fin de grado es el peaje con le que nació el Plan Bolonia de 2007, que requería de los estudiantes una tesis de investigación para completar exitosamente el ciclo universitario. Sin TFG no hay oficialidad. Lo suyo es que el alumno lo realice, pero, como en el caso de Juan, no son pocos los jóvenes madrileños que delegan la responsabilidad de su realización en un tercero. Es muy sencillo: basta con teclear en el buscador «comprar TFG» para que salgan decenas de opciones: «pedir presupuesto», obtener un proyecto «con garantías», tener «tu TFG o TFM en una semana»... Es el caso de la empresa Gabinete de Estudios. Una fuente directa de la empresa explica que «los clientes acuden con cierta desazón porque en muchos casos no sienten el apoyo necesario del tutor y están perdidos con respecto a su proyecto. Otros no pueden compaginar su vida personal o laboral e incumplen los plazos».

Esta empresa nació de la época estudiantil de sus responsables: «Muchos compañeros me pedían que les ayudara con trabajos», dice la misma persona. Y continúa: «Así obtenía un dinero extra cada mes; al acabar mi máster, me propuse suplir las necesidades de mis antiguos compañeros». En este caso, disponen de «240 profesionales entre profesores, psicólogos, filósofos, matemáticos, abogados o ingenieros». Ellos afirman tardar «de 4 a 5 días por TFG, aunque hay casos que han llegado a los 6 meses» y cobrar «entre 800 y 1.000 euros por TFG, alrededor de 2.000 por TFM y casi 6.000 por una tesis doctoral». A ellos recurren, los que más, alumnos de «ADE, Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Educación Infantil».

15.000 euros en un año

También lo hacen particulares que ofertan su trabajo a través de un portal tan clásico como Milanuncios. Una fuente anónima desvela que hace esto «para sacar un sobresueldo»; en su caso particular cobra por «un TFG de 30 páginas entre 300 y 600 euros». En 2018, este joven amasó un total de «15.000 euros» sumando prácticas, trabajos y tesis y realizar este tipo de proyectos en concreto le lleva unos «cinco días».

Sobre este mundo impera un halo de secretismo y silencio. El motivo: el limbo de la alegalidad sobre el que se mueve este negocio. Vicente Navarro, de la empresa madrileña Atea Compliance, explica que «hay dos tipos de derechos de autor, los morales y los de explotación. La compra de un trabajo, como tal, solo incluye la segunda licencia, pero el derecho moral es irrenunciable e intransmisible de su autor». Ahí es donde entra el conflicto: «Si el comprador presenta un trabajo como propio está vulnerando el derecho de autor de otro y eso sería plagio. En estos casos (compra de TFGs) no se suele denunciar, pero si el que compra empieza a sacar réditos, ya hay un problema: en caso de que el vendedor nunca demande, no pasa nada, pero si lo hace podría incurrir en delito». El artículo 273 del Código Penal recoge una pena de prisión de seis a dos años y una multa económica que puede ir de los 12 a los 24 meses.

Las universidades son sabedoras de esta práctica y tratan de aplacarla como pueden. Es complicado de detectar, tal y como esgrime el vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Gertrudix: «Hay un elemento capital y es el proceso de seguimiento y tutorización de los TFGs: con una relación continuada tutor-alumno es muy difícil que el primero no perciba que el segundo lo está haciendo a través de una empresa». Sobre la capacidad de detección de esta praxis, el entrevistado describe que «se ha de trabajar sobre tres bases: la prevención, el asesoramiento y el interés de ambas partes para obrar éticamente; el seguimiento, que es del tutor y que permite detectar un pico fraudulento; y el sancionador, para definir conductas deshonestas». La normativa considera como falta grave «la utilización de medios fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos», lo que puede llevar a la «expulsión temporal o definitiva del centro, con pérdida de derechos de matrícula, becas o ayudas».

El TFG es un proyecto personal e intransferible, como un DNI. Y siempre puede quedar una huella imborrable detrás; que se lo digan a tantos y tantos dirigentes que ya han sido pillados.