El peor verano para los vecinos de Casa de Campo

Una mujer apalizada con el objetivo de sustraerle su móvil; un hombre golpeado en la cabeza con una botella, hasta el punto de necesitar doce grapas sobre su cráneo; una abuela robada delante de sus nietos mientras hacía una videollamada a su hija; un joven que veía cómo los 150 euros que le habían regalado por su cumpleaños se esfumaban tras un robo con intimidación; una mujer de 58 años, desvalijada tras ser sometida a la técnica del «mataleón» y, consecuentemente, perder el conocimiento... Este es el «parte de guerra» que deja julio en Casa de Campo y Batán. Un mes tristemente inolvidable para sus residentes, que continúan clamando por la seguridad de la zona. «El verano pasado fue malo, pero no se constataron hechos tan graves como los de ahora», explica a este diario la asociación Vecinos de Casa de Campo Unidos.

Los ya mencionados no son los únicos sucesos registrados. Más recientemente, los responsables de la Venta del Batán evitaron el robo a una pareja que paseaba por la zona por parte de dos jóvenes. Como represalia, uno de los atracadores les mostró un mechero y les amenazó con quemar la Venta. Unas palabras que hay que tomarse en serio: esta escuela taurina ha sido asaltada en varias ocasiones por parte de algunos de los menores extranjeros no acompañados (menas) que residen en el antiguo albergue Richard Schirrmann. «Son robos y agresiones que, bien hemos visto en prensa, bien se han puesto los afectados en contacto con nosotros y nos han enseñado la denuncia. Si nosotros como simples vecinos tenemos conocimiento de esto, imagina todo lo que desconocemos y que ha ocurrido», afirman desde la plataforma vecinal, que está ejerciendo de canal para poner en conocimiento de los residentes toda la información relativa a la zona.

Los vecinos dan fe de que la presencia policial se ha incrementado. Desde caballería hasta coches patrulla las 24 horas. No en vano, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió hace un mes a aumentar la presencia de las autoridades en el barrio. Sin embargo, los delitos se han seguido sucediendo hasta hace pocas fechas. Además, la asociación vecinal ha recibido quejas de delitos similares procedentes de otras áreas cercanas, como Madrid Río o Lucero, lo que puede indicar que, ante la presión de las autoridades, los menas hayan decidido expandir su radio de actividad.

No es la única consecuencia. Los residentes sospechan que, ante el «río revuelto» de Casa de Campo y Batán, delincuentes de otras zonas de la capital están operando en la zona, debido a que la responsabilidad va acabar cayendo sobre los menores extranjeros no acompañados.

La semana pasada, Vecinos de Casa de Campo Unidos, junto a la Asociación de Vecinos de Batán y Casa de Campo y Alma Latina, se reunieron con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; la directora general de Infancia Ana Sastres, y los concejales de Latina y Moncloa, Alberto Serrano y Loreto Sordo respectivamente. No solo se les explicó de primera mano la situación por la que atraviesa el barrio, sino que también se les informó de las presuntas «irregularidades» que recaen en este centro de primera acogida. Una de ellas es que se incumple la función del centro, determinada por la propia Comunidad de Madrid en su Boletín Oficial, a fecha de noviembre de 2010: el «uso característico» del albergue Richard Schirrmann será «hostelero», y como «usos compatibles» se señalan el hotelero, el asistencial y el propio de la restauración. «La alteración de los usos solo se justificará por una mejor conservación o adecuación de las edificaciones (...) Cualquier modificación requerirá informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico», dicta el Boletín Oficial. De hecho, las asociaciones ya se han dirigido a Patrimonio para conocer si dicho informe existe o no.

Por otro lado, recuerdan que el albergue comenzó a funcionar como centro de menores a finales de 2018, gracias a un procedimiento de «emergencia» puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, y que en septiembre se deberá prorrogar. El motivo que argumentó entonces el Ejecutivo para proceder de tal forma fue la sobresaturación que existía en el centro de acogida de Hortaleza.

«Un contrato de emergencia se suele aprobar por catástrofes o situaciones que son imprevisibles. Cuando vas a renovarlo por sexta vez, quieres decir que ya no estás ante una situación imprevista», explican desde la asociación vecinal.

La contestación recibida por parte del Ejecutivo regional fue la «promesa» de estudiar el problema, pero «sin dar plazos» y todavía menos sin aportar soluciones a corto plazo. Mientras, los vecinos, en la medida de sus posibilidades, tratan de prevenir infortunios: la apertura de una petición en Change para solicitar el regreso del antiguo albergue, la adquisición de llaveros que emiten una señal de alerta ante posibles robos... En principio, darán este mes de plazo a la Comunidad, pero cruzando los dedos para que no haya que lamentar sucesos todavía más graves.