Educación

La ley Celaá «castiga» a más de 500 profesores de FP en Madrid y a cerca de 14.000 en toda España

Madrid trata de blindar a los docentes interinos que no tienen grado universitario

Un joven de Mali recibe clases de Mecánica y Soldadura en el centro de FP Virgen de África
Un joven de Mali recibe clases de Mecánica y Soldadura en el centro de FP Virgen de ÁfricaDavid FernándezEFE

La ley Celaá trae malas noticias para los profesores interinos de FP que no tienen título universitario. La norma, que se aprobará previsiblemente el próximo día 23 en el Senado, extingue el cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional que lo componen profesores de una decena de especialidades como Cerámica, Vidrio, Peluquería, Taller de Madera, Soldadura, Restauración y Pastelería..., según viene recogido en una disposición adicional de la norma.

Hasta ahora, no era necesario que estos docentes tuviesen titulación universitaria para impartir estas enseñanzas especializadas y muchos de los profesores tienen una de FP de grado superior que les ha permitido dar el salto a la enseñanza. Pero la nueva ley, la novena que se ha redactado desde la Transición, exige ahora a estos profesores disponer, al menos, de un grado universitario. ¿En qué situación quedan los que no lo tienen?

Aquellos interinos que tengan título universitario y estén impartiendo estas especialidades no se verán afectados. Tampoco los funcionarios que no dispongan de un grado, ya que podrán continuar desempeñando su trabajo en el cuerpo de profesores técnicos hasta su jubilación. Pero el problema viene para los interinos que vienen años ejerciendo esta labor y a los que ahora se exige haber ido a la universidad, que ya no podrán acceder a oposiciones para su especialidad. Se calcula que los afectados pueden llegar a ser más de 500 en Madrid y a entre 12.000 y 14.000 en toda España, aproximadamente el 40% de la plantilla, según la Asociación de Profesores de FP.

Incertidumbre

Así, la nueva normativa ha generado una situación de incertidumbre y angustia para este colectivo de profesores a las puertas de la aprobación de una ley que les aboca a un futuro incierto. «Una profesora de peluquería que lleva años impartiendo como interina esta especialidad, ¿qué carrera universitaria va a estudiar ahora y que tenga relación con la peluquería? ¿Y en el caso de la Soldadura? Puede que se contrate a un ingeniero para cubrir, a partir de ahora, estas plazas sin que haya tenido en su vida un soplete en las manos», explica un profesor afectado a LA RAZÓN.

«El profesorado técnico de Formación Profesional es el alma de este nivel educativo y el que da esencia a la FP al aportar los conocimientos, las destrezas y las habilidades que se valoran en el mundo laboral. Todos, en teoría, sabemos cortar el pelo, cocinar, soldar o levantar un tabique, pero en la práctica necesita de profesores que sepan desarrollar el oficio, ese saber hacer, enseñarlo y transmitirlo», asegura la Agrupación de técnicos de FP.

La buena noticia para los profesores que sí tienen el título universitario es que la ley que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez equipara el nivel salarial de estos profesores técnicos con los de Secundaria, una reivindicación histórica del sindicato STES que venía reclamando la equiparación plena del profesorado porque consideraba que había un «desajuste salarial discriminatorio».

Ahora, los docentes técnicos se encuentran en un subgrupo profesional inferior, en el A2, cuando los de Secundaria están en el A1, lo que implica importantes diferencias salariales, a pesar de desempeñar el mismo trabajo con idénticas funciones.

La petición del sindicato fue recogida en dos enmiendas a la Lomloe en el Congreso que ahora está generando tanto revuelo porque beneficia a unos, por un lado, pero deja en el limbo y en situación de incertidumbre a los que no tienen título universitario.

De esta manera, tal y como está la ley, deja en manos de las comunidades autónomas que den una solución al conflicto. De momento, Madrid ya ha decidido reanudar la convocatoria de al menos 2.093 plazas para profesores de Secundaria que se tuvieron que aplazar con motivo de la primera ola del coronavirus, una cifra que se verá incrementada cuando se apruebe la Oferta Pública de Empleo de Madrid para el año 2021, según informó hace unos días el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

La convocatoria incluye el acceso a 274 profesores técnicos de FP precisamente por las importantes modificaciones que introduce la Ley Celaá para esta categoría profesional.

Los nuevos “docentes especialistas”

La ley, además, especifica qué hacer con estos maestros especialistas en un oficio que han estado impartiendo clases todos estos años y lo que resuelve es que en el futuro se podrá contar con ellos de manera puntual como «docentes especialistas» para asignaturas eminentemente prácticas y evidentemente no con el sueldo de un profesor de Secundaria, como sí ocurriría a los que tienen grado o licenciatura.

Los sindicatos ya han exigido una salida profesional para estos profesores ante la situación que se les plantea una vez que se apruebe la ley. Es el caso del sindicato Anpe que considera que «es una ventaja que se equipare salarialmente a los profesores de FP con los de Secundaria, eso lo aplaudimos, pero también hay que dar una solución a aquellos que no tienen título universitario», explica su presidente en Madrid, Andrés Cebrián. Es por esto por lo que ha pedido que se incremente la convocatoria de plazas para oposiciones a Secundaria y se convoquen incluso para las especialidades que no se hayan hecho. «Hay que darles salida porque, si no, estos profesores se quedan en la calle», dice Cebrián.

Por su parte, el sindicato CSIF asegura que «cualquier cambio en los cuerpos de docentes de la FP debe preservar el carácter técnico y práctico de estas enseñanzas y por ello, la mejor garantía es que todos los títulos que dan acceso en la actualidad a las diferentes especialidades y cuerpos sigan siendo válidos para el acceso a la función pública como docentes de FP, tanto en régimen de interinidad como funcionarios de carrera», asegura Miguel Ángel González, de CSIF Madrid. Así, exige que «se garanticen todos los derechos» de los profesores de la FP.