Madrid redobla su ofensiva contra la Ley Celaá

Madrid sigue dando la batalla contra la Ley Celaá buscando fórmulas y resquicios legales que la permitan escapar de su aplicación porque es «es una ley que no nos gusta», reiteró ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

De momento, ayer el Consejo de Gobierno aprobó la tramitación por la vía de urgencia del decreto que regula los conciertos educativos para ampliarlos de seis a diez años (hasta 2027), como una fórmula para «blindar» este modelo educativo que eligen una de cada tres familias madrileñas para sus hijos. «Ningún centro concertado en Madrid tendrá que dejar de serlo como consecuencia de posiciones ideológicas», dijo el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado. Pero, al mismo tiempo, el consejero de Educación admitía que, pese a que la comunidad habilita esta medida dentro de sus competencias autonómicas, eso no quita que, en un futuro, el Ministerio de Educación pueda dictar un decreto modificando el tiempo de duración de los conciertos.

Más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro, la Comunidad ha decidido redoblar su ofensiva contra la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con nuevas medidas que anunció el consejero de Educación, Enrique Ossorio. Se trata de medidas encaminadas a sortear la aplicación de la Ley Celaá porque «preferimos la legislación anterior».

Así, una ellas será la convocatoria «inmediata» de oposiciones al Cuerpo de Inspección para que se rijan por la normativa impulsada por la ley vigente: la Lomce, que permite el acceso por la vía del concurso-oposición. Y es que la nueva ley, la Lomloe, suprime este término para dejarlo en una valoración de conocimientos y de méritos. «Nosotros queremos que haya una oposición porque a mí me da mucha tranquilidad que un inspector sea un señor independiente y la Ley Celaá no lo quiere».

Madrid atiende así la reivindicación del sindicato de inspectores USIE, que defiende el acceso a este cuerpo especializado de la educación por oposición después de que la Lomloe suprima el término «prueba» y sustituya por «valoración». La medida la entienden como una vulneración de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, nada más aprobarse la ley, previsiblemente el próximo día 23 en el Senado, entraría en vigor casi con carácter inmediato la nueva normativa para la elección y renovación de los directores de los centros. Para poder seguir aplicando la legislación vigente, «mañana mismo se pondrá en marcha inmediatamente el proceso de selección de los mismos». Con la Lomloe, el Consejo Escolar participará en la elección del director del centro educativo.

La Lomloe también deja abiertas algunas lagunas con los profesores técnicos de FP porque «quedan en el limbo». Se trata de docentes especialistas en profesiones a los que ahora se pide una licenciatura. Es por esto por lo que la Comunidad de Madrid va a sacar 274 plazas de profesores técnicos de FP dentro de la convocatoria de oposiciones de 2.900 plazas para profesores de Secundaria que se tuvieron que posponer durante la primera ola del virus hasta mayo o junio de este año. Además, el 7 de enero se sacará una convocatoria para cubrir puestos por interinos para que se incorporen a trabajar el día 11, el primero lectivo después de Navidad para que a ese procedimiento se puedan incorporar los 1.117 profesores y maestros de refuerzo que han trabajado durante este primer trimestre y al que se les acaba el contrato el 22 de diciembre.

Mientras, Madrid ya tiene redactada una ley para blindar la educación concertada y la especial pero, antes de aprobarla en Consejo de Gobierno «tenemos que ver cómo acaba la tramitación de la Ley Celaá y ver si el Gobierno va a desarrollar decretos por vía reglamentaria», dijo Ossorio.