Educación

Ley Celaá

Madrid se adelanta a cualquier cambio de la Ley Celaá en el Senado

Introducir modificaciones retrasaría la aprobación de la Ley

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoJ.J. GuillénEFE

Ayuso está dispuesta a maniobrar y a utilizar todos los resquicios legales posibles para evitar la aplicación de la ley Celaá. Ahora dispone del aval jurídico de la Lomce, la ley educativa vigente por pocos días, que establece un límite mínimo de seis años para los conciertos en la etapa de Educación Primaria y de cuatro para Secundaria, pero da margen a las autonomías para ampliarlo. Madrid ya lo igualó a seis años para todas las etapas educativas y ahora pretende dar larga vida a los conciertos ampliándolos a diez. La ley Celaá no ha introducido en el Congreso ningún cambio en la duración de los conciertos, con lo que la nueva ley sigue dando margen a Díaz Ayuso para ampliaciones.

Pero aún daría tiempo al Gobierno a hacer modificaciones de última hora vía enmienda en el Senado ante el reto de Ayuso. La cuestión es que el PSOE ha decidido no introducir cambio alguno en la Lomloe a su paso por la Cámara Alta para así cortar trámites y que quede aprobada definitivamente el próximo día 23. De hacerlas, la ley tendría que volver al Congreso para ser ratificada, con lo que su aprobación definitiva se alargaría hasta el mes de febrero y daría más oxígeno y tiempo a las protestas de la «marea naranja» que ha puesto en marcha la plataforma Más Plurales, y que ha unido, por primera vez, a todas la concertada (sindicatos, patronales, padres...). De hecho, hoy está previsto que haya una nueva protesta ante el Senado en la que se hará entrega del total de firmas que se han recopilado en contra de la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que considera que asfixia su modelo educativo y aboca a su desaparición en algunas comunidades autónomas.

Por eso Madrid se ha dado prisa en publicar las instrucciones por las que se regula el proceso de admisión de curso 2021-22 para así garantizar la elección de centro por parte de los padres como hasta ahora, pese a la Lomloe. En el proceso de admisión se mantiene el distrito único, que garantiza la igualdad de condiciones para la elección de centro, independientemente de donde resida el alumno. Esperar a hacer el trámite una vez aprobada la Lomloe, podría complicar el trámite. Así, las familias ya saben que el plazo para solicitar plaza en un colegio será entre el 8 y el 23 de abril y las listas definitivas se publicarán el 4 de junio.

Con la nueva reforma educativa, la novena desde la Transición, el proceso de admisión de alumnos queda en manos deun «comité de escolarización» que distribuirá al alumnado según considere y tratando de evitar en la medida de lo posible los guetos.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la sospecha de que una parte de la ley educativa que pretende aprobar de manera «exprés» puede ser declarada inconstitucional, especialmente en lo que afecta a la supresión del castellano como lengua vehicular en la educación y la eliminación de conciertos para los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas. Es por esto por lo que deliberadamente se ha redactado de manera ambigua, lo que puede resultar de utilidad para eludir una declaración de inconstitucional. Sin embargo, Madrid también considera que puede ser útil a las comunidades autónomas para legislar y crear leyes autonómicas que puedan sortear en alguna medida la aplicación de la ley.