Tribunales

El alcalde de Torres de la Alameda acude a declarar ante el juez tras ser acusado de presuntos pagos irregulares

El PP pide un pleno extraordinario y exige la dimisión del regidor socialista

El alcalde de Torres de la Alameda, entrando en el juzgado de Alcalá de Henares
El alcalde de Torres de la Alameda, entrando en el juzgado de Alcalá de HenaresLa RazónLa Razón

El Alcalde del municipio madrileño de Torres de la Alameda, Carlos Sáez Gismero, ha acudido esta semana a declarar como investigado al Juzgado de lo Penal nº6 de Alcalá de Henares por la apertura de juicio oral después de la denuncia presentada el 9 de febrero del 2011 por el Partido Popular de Torres de la Alameda ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El PP acudió a los tribunales tras detectar posibles indicios de presuntos delitos en diferentes adjudicaciones y contratos cometidos por el regidor en su etapa como Alcalde del Municipio durante los años 2003 al 2007.

Lo curioso de la situación es que el Ayuntamiento actúa de oficio junto con la Fiscalía contra el propio regidor. El Ayuntamiento, por orden del Alcalde, ha contratado para la acusación del Ayuntamiento de Torres de la Alameda a un bufete de abogados de Alcalá de Henares.

El equipo de gobierno del Partido Popular en el municipio en 2011 encontró contratos de compra de suministros, abonos de cantidades de dinero de manera presuntamente irregular, así como pagos por valor de un millón de euros, aprovechándose de su cargo y en prejuicio económico para el Ayuntamiento.

El PP refleja en su denuncia que, en mayo de 2007, una vez celebradas las elecciones locales en España, y tras los resultados que le harían perder la Alcaldía, habiendo finalizado su mandato como alcalde Sáez Gismero, “pagó una factura de 1.086.856,43 euros, aun teniendo encontrar un informe del Interventor Municipal con fecha del 15 de junio de 2007. Además, acuerda el pago para sí mismo de 12.108,86 euros por concepto de antigüedad con fecha 14 de junio de 2007, y acuerda el pago por retrasos de antigüedad de la suma de 3.453,34, euros a Dolores Martínez Sebastián, con fecha del 14 de junio de 2007, que era además concejala del mismo Grupo político el mismo día que se concedió por parte del Alcalde los atrasos. Por último, el Alcalde nombra Tesorera Accidental a una concejala de su partido, a Silvia Argüeso Rodríguez con fecha del 15 de junio de 2007 para hacer según recoge el decreto pagos urgentes”, aseguran desde el PP.

La denuncia del Partido Popular recoge, además, que “las facturas reconocidas y pagas por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda a Trasnportes E.Saez S.L durante el periodo 2006 y 2007 y a la empresa ALCOTORRES S.L, ambas propiedad del hermano del Alcalde, D. Miguel ángel Sáez Gismero, ascienden a 658.519 euros”.

El propio Alcalde figuraba con un 5% de las participaciones de dicha empresa. Además, el PP asegura que los pagos se realizaron desde la empresa municipal “Centro de Empresas y Servicios de Torres de la Alameda”, siendo el Alcalde el presidente de dicha empresa pública, y el Ayuntamiento de Torres de la Alameda quien paga el resto de facturas durante el mandato de Sáez Gismero como alcalde.

La vinculación del Alcalde con las empresas beneficiarias “haría incumplir la Ley de Contratos del Estado y la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central, así como las causas de abstención de la ley de procedimientos administrativos”.

Tras la apertura del juicio oral, y la declaración del Alcalde del PSOE de Torres de la Alameda, desde el Partido Popular han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario urgente y la dimisión “como compromiso ético y moral que deben tener los habitantes del municipio, y acabar así con la corrupción”.

El portavoz del Partido Popular de Torres de la Alameda, José Antonio Blanco, recuerda al Alcalde,Carlos Sáez Gismero, el artículo 5 del código ético del PSOE, que obliga a cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal deberá dimitir de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo, solicitando así su baja voluntaria. Y en caso de que no sea así, como es el caso del señor Alcalde, el PSOE será quien deba suspender cautelarmente de militancia, y en su caso de expulsión del partido.