Un hoja de ruta en Madrid para los problemas de la Cañada Real

Un problema enquistado, con muchas aristas, que necesita una solución. El Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana ha fijado una hoja de ruta que se seguirá durante los próximos dos años en la antigua vía pecuaria, que incluye una veintena de actuaciones en este emplazamiento de 14 kilómetros que transcurre por la capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

El documento incorpora un nuevo convenio, que se firmará próximamente con el Ayuntamiento de Madrid, para realojar el año que viene a 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones. En la misma línea se está trabajando con el Consistorio ripense para comenzar los realojos en el Sector IV y V, y con Delegación de Gobierno.

Así lo ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, tras la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo del Pacto Regional, que ha aprobado por unanimidad este documento estratégico.

Este órgano lo conforman la Delegación del Gobierno y los tres ayuntamientos por los que discurre el camino, y están coordinados por el Ejecutivo autonómico a través de la figura del Comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real.

“Nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones y velar por el bienestar y la seguridad de las familias que residen en esta zona. Para ello es imprescindible un abordaje integral y coordinado por parte de todas las administraciones implicadas dentro de nuestras competencias. Esta hoja de ruta es un buen punto de partida para seguir avanzando en esta línea”, ha apuntado Martín.

Un millón de euros en el ámbito social y urbanístico

El escrito refrendado recoge también diversas actuaciones que coordinará el Comisionado, por un importe de más de un millón de euros, como las obras de acondicionamiento y vallado que se van a realizar en varias parcelas; las labores para la conservación de la calzada del Sector 6; la limpieza y eliminación de la masa vegetal que obstaculiza la vía; acciones de desbroce y limpieza de viales, y la recuperación de parcelas del Sector 6 desde Las Lomas (Madrid) hasta el inicio de Getafe.

En base al acuerdo rubricado, se procederá a la instalación de cámaras de control de tráfico, así como actuaciones generales en espacios desocupados y demolición de las edificaciones. Y en materia urbanística, se prestará asesoramiento para la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los tres municipios afectados.

Asimismo, los participantes en el Pacto Regional por la Cañada Real se han comprometido a continuar prestando la asistencia servicios sociales básicos, tanto los que corresponden a los ayuntamientos como aquellos especializados (tutela, mediación, inserción sociolaboral) que corresponden a la Comunidad de Madrid.

Los recursos materiales de emergencia para abordar la llegada del invierno, tanto con los que cuentan los ayuntamientos como el Gobierno regional, ya están activados como en ocasiones anteriores por si alguna familia los necesitara.

Realojos

El Pacto entre las administraciones que han participado en la reunión contempla que el Sector IV vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, la consejera ha señalado que “hasta el momento y durante los dos próximos años se habrá reubicado a más de 300 familias, lo que supone el 30% del total”.

En esa misma línea, el Comisionado ha realizado más de una decena de actuaciones para la mejora de la Cañada Real durante este año y se ha reunido con la práctica totalidad de todas las asociaciones de vecinos y entidades sociales y culturales, dentro y fuera de este emplazamiento.

Este organismo ha realizado este año trabajos por un valor de casi 400.000 euros para acondicionar diversas parcelas de la zona, llevar a cabo labores de asfaltado, poda y limpieza de residuos, cierre y vallado de diversas zonas colindantes a la M-50, así como diversas actuaciones para la mejora del firme y la instalación de señalizaciones para la limitación de la velocidad.

Rivas y Coslada. Un punto de inflexión

Por su parte, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha señalado que la reunión de hoy “viene trabajada” y parte de una iniciativa de la consejera para retomar la hoja de ruta de la Cañada Real, “que es la mayor bolsa de exclusión social y marginación de España”. También, ha apuntado, ha conseguido generar el mayor consenso de las últimas décadas entre las administraciones para resolverlo.

Según ha explicado, los vecinos necesitan una política de realojos digna con viviendas dignas, para que especialmente las más vulnerables accedan cuanto antes “y que no nos encontremos con situaciones como cortes de luz”. De hecho, Del Cura ha comentado que han acordado convenios de realojos que prioricen a las familias con niños para que sean los primeros en encontrar soluciones.

“Hemos diseñado hoja de ruta cierta, con medidas evaluables en los próximos dos años. Será un problema a resolver en una década pero si sabemos hoja de ruta cierta lo vamos a conseguir”, ha concluido el regidor ripense.

Por su parte, el tercer teniente de alcalde y concejal Territorial de Rivas, José Ventura Sousa, ha coincidido en que se ha marcado una hoja de ruta para el primer trimestre del 2023 para la modificación del PGOU. “En el Ayuntamiento de Coslada tenemos mucho avanzado. El Sector I es un barrio consolidado en el municipio, en el que todas las dotaciones lo tenemos en los barrios aledaños. Por nuestra, parte mano tendida y seguir llevándolo a buen puerto y que al final esta hoja de ruta se cumpla”, ha abogado.

El problema de la luz

Respecto al actual problema de falta de luz en muchas infraviviendas de la antigua vía pecuaria, la consejera ha señalado que le preocupa la seguridad de las familias “porque no se puede aceptar que se ponga en riesgo la vida de las personas”. “Las instalaciones eléctricas incumplen la normativa y hay un claro riesgo de incendios. De forma automática con sobreconsumo se corta, se activen los mecanismos de protección de la línea eléctrica que tiene por objeto proteger las instalaciones y personas, como viene recogido en la normativa”, ha explicado.

De hecho, Martín ha leído un informe técnico independiente que recoge este argumento y que no recomienda la puesta en marcha de las instalaciones. Se ha encargado un segundo peritaje para valorar hasta donde podría llegar la empresa suministradora.

“El Pacto por la Cañada recoge de forma expresa en página 32 que el sector VI ha de desaparecer progresivamente. Queremos trabajar de forma coordinada, a través del plan de choque policial y con los ayuntamientos para ofrecer alternativas a las familias con la puesta a disposición de ayuda. Sé de su voluntad de los ayuntamientos de analizar caso a caso las necesidades de las familias y dar respuesta a las mismas e impulsar los realojos”, ha indicado.

“Nuestro mensaje ante las conexiones ilegales es claro. Se está utilizando un suministro de forma ilegal. Hay que lanzar un claro e inequívoco mensaje de que se está haciendo un uso indebido de las líneas eléctricas. No se puede aceptar nada si se pone en riesgo la seguridad de las personas”, ha sentenciado Paloma Martín.