Los charcos judiciales del «nuevo» PSOE de Madrid que intenta resucitar Sánchez

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, dejó claro ayer que no tiene intención de dimitir a pesar de haber sido condenada a cinco años de inhabilitación por la quiebra de la empresa municipal de gestión inmobiliaria. La regidora de este municipio del sur de la región aseguró además contar con el respaldo del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Fundamenta su decisión De Andrés en que la sentencia no es firme. Recurrirá: es, a su juicio, un fallo «injusto» y, en todo caso, se trata de una inhabilitación que se refiere «al ámbito de gestión de las empresas privadas», no planteable para el ejercicio de cargo público. «No afecta al cargo de alcaldesa», concluyó.

La situación generada en Alcorcón constituye un nuevo charco judicial para el PSOE, precisamente en un momento en el que la formación trata de relanzar su imagen con las vistas puestas en las elecciones de mayo de 2023 bajo el liderazgo recién estrenado de Juan Lobato. Las malas noticias llegadas desde la arena judicial comprometen este nuevo tiempo con el que los de Pedro Sánchez quieren dejar atrás una racha de malos resultados en las urnas, que les han llevado a ser la tercera fuerza a nivel regional y la cuarta en la capital, en un contexto al que hay que añadir la amenaza que supone para su poder territorial –especialmente en los grandes municipios del sur– la posibilidad de que en las municipales que tendrán lugar en menos de 500 días se reedite lo ocurrido el pasado 4 de mayo. Y es que hasta en otros cinco municipios se han sucedido recientemente otros tantos varapalos hacia ex alcaldes o actuales regidores socialistas.

En diciembre, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y buena parte de su equipo de Gobierno eran imputados por perdonar tasas municipales a una empresa propietaria de una ITV. Imputada por malversación y prevaricación, Posse ha quedado, además, fuera de los órganos de decisión del socialismo madrileño a pesar de ser la alcaldesa de la segunda ciudad con más población de la región. Una decisión impulsada por Lobato que, al menos, hace las veces de cortafuegos respecto a una regidora habituada a los escándalos y que no repetirá, tal y como avanzó LA RAZÓN, como candidata en 2023.

Sin apenas tiempo para recuperarse del «shock» de Móstoles, estalló la «Operación Pantano» en San Martín de Valdeiglesias. Fue detenida la ex alcaldesa socialista, María Luz Lastras, y otros cuatro ediles y ex ediles del PSOE, además de familiares y empresarios. Acusados de corrupción urbanística, fraude, malversación, actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación.

Ex responsables del Ayuntamiento de Parla, también socialistas, se encuentran en la recta final del juicio por supuesta corrupción y malversación. Se encuentra imputado el ex alcalde José María Fraile, así como su ex jefe de gabinete, Antonio Borrego, en la causa en la que se investiga la adjudicación de contratos públicos a la empresa de servicios energéticos Cofely, dentro del «caso Púnica».

En octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo «de pleno derecho» el nombramiento de una veintena de funcionarios de carrera en el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo del ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala. Cuatro años antes, CSIF había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el proceso de funcionarización llevado a cabo en dicha entidad pública al entender que los empleados «no habían accedido a la Administración Pública a través de un proceso selectivo regido por los principios de igualdad mérito y capacidad».

En Ciempozuelos, un juez imputó el pasado mes de noviembre a dos concejales socialistas por cohecho y malversación por haber dado publicidad a una excursión que, en principio, promovía el Ayuntamiento pero que, en realidad, estaba organizada por una empresa privada dedicada a la venta de viajes a la nieve.

«Tiene que dejar de mirar hacia otro lado»

La secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, exigió ayer a su homónimo en el PSOE de Madrid, Juan Lobato, que «deje de mirar hacia otro lado» y haga dimitir cuanto antes a la alcaldesa, Natalia de Andrés. Según la portavoz del PP de Alcorcón, Ana Gómez, los condenados «deberían irse ya, por decencia y respeto político, porque Alcorcón no se merece que esas personas estén cobrando de las arcas municipales». Los populares reclamaron ayer la suspensión del Pleno de Presupuestos de la ciudad para este 2022. «Son bienes ajenos públicos, y con la sentencia en la mano Natalia de Andrés no puede representar a cualquier persona pública o privada».