Crisis histórica en Móstoles: la segunda ciudad de Madrid, al borde del precipicio

En el Equipo de gobierno de Móstoles ayer había nerviosismo y tensión por la crisis institucional sin precedentes que se ha generado y que ha tenido como detonante que toda la junta de gobierno acabe en el banquillo investigada por malversación y prevaricación tras una denuncia de Más Madrid.

La querella criminal por perdonar tasas, presuntamente, a una ITV de la localidad por valor de 2,5 millones presentada por la formación de izquierdas, antiguo socio de gobierno de la alcaldesa socialista, Noelia Posse, ha puesto al bode del precipicio no solo a la regidora, sino a todo el PSOE de Móstoles y se ha convertido en una verdadera «patata caliente» para la nueva ejecutiva del recién elegido secretario general de los socialistas, Juan Lobato. Nada más tomar posesión del cargo ya aventuró que uno de los primeros problemas que tendría que resolver sería el «caso Móstoles» después de los continuos escándalos de la alcaldesa que han hecho que se hable de la segunda localidad más importante de la Comunidad de Madrid como la «capital del enchufe».

De hecho, entre las bases del PSOE y entre los vecinos del municipio, ya ha cundido la idea de que el PSOE no va a ganar las elecciones de 2023 en esta localidad ni la actual regidora va a repetir como candidata.

Posse ya se llevó el sinsabor de ver cómo su partido la relegaba a formar parte del Comité Regional solamente y la excluía del Comité Federal, con más peso e influencia (cosa que no ha ocurrido con otros alcaldes del sur de Madrid), tras el último congreso regional celebrado hace menos de un mes.

Pero las cosas se complican con la última resolución judicial que lleva al banquillo a ocho concejales socialistas y uno de Podemos, el partido socio de Gobierno, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno.

Solventar la crisis institucional queda en manos otra vez del partido porque ningún grupo de la oposición en el Ayuntamiento se plantea presentar una moción de censura por su inutilidad. La aritmética municipal no proporcionaría una mayoría suficiente como para que prosperase. Por otra parte, todo el mundo da por descontado que por la cabeza de Noelia Posse tampoco pasa la idea, ni remotamente, de dimitir y dejar el bastón de mando de la ciudad del sur. Si hace casi dos años el Comité de Ética del PSOE se encargara de revisar la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos por parte de la alcaldesa, a lo que este organismo interno dio carpetazo con nueve meses de suspensión de Posse como militante, ahora tendrá que pronunciarse de nuevo después de que la secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, diera un plazo de 24 horas, que concluía ayer, para que el Ejecutivo local diera cuentas al partido de la situación procesal en la que se encuentra cada uno de ellos después de que hayan sido llamados a declarar por los supuestos tratos de favor a empresas. «Haremos valoraciones y aplicaremos nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente», sentenció en declaraciones en la Asamblea de Madrid.

Ahora bien, nadie sabe cuando se pronunciará sobre el asunto después de que tardara diez meses en hacerlo sobre el caso del «enchufismo». De momento, la Junta de Gobierno de Móstoles ha sido llamada a declarar, pero si se abriera juicio oral, el código ético del PSOE, en su artículo 5.4, contempla la suspensión cautelar de militancia. De darse esta circunstancia, ninguno de los miembros del equipo de Posse, que forman parte de la Ejecutiva local del partido podría continuar en este órgano que se tiene que renovar en unos meses. El código ético socialista también contempla la expulsión en caso de sentencia condenatoria. Pero más allá de esta causa abierta en los juzgados de Móstoles, también preocupa la investigación que ha abierto el Tribunal de Cuentas sobre el mismo asunto. Abrió diligencias para determinar si había habido irregularidades contables.