Facturas, licencias y ayudas irregulares: los escándalos del Gobierno socialista de San Martín de Valdeiglesias

Registro en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y en la sede de varias compañías de la zona. Detención de ex cargos públicos del PSOE y de empresarios, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Una investigación abierta alrededor de ayudas dadas a familiares a través de adjudicaciones a empresas, firmas de informes técnicos irregulares, gastos incluidos ilegalmente en la facturación municipal y concesiones ilegales. La «Operación Pantano», desplegada en el día de ayer en este municipio situado en el extremo occidental de la Comunidad de Madrid, tiene todos los ingredientes para dar forma a una serie sobre la corrupción política municipal. Desagraciadamente para los más de ocho mil vecinos de esta localidad, estos hechos tienen poco de ficción.

En torno a las nueve de la mañana de este miércoles, efectivos del Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil se personaron en este consistorio con una orden judicial de entrada y registro. La actual alcaldesa, Mercedes Zarzalejo (PP), fue informada en ese momento de la operación. Enseguida, se concretaron las detenciones. Entre ellas, la de la ex alcaldesa del PSOE, María Luz Lastras. También el ex teniente de alcalde, Luis Haro; el ex edil de Festejos, Pablo Luis Lastras; así como los ex concejales Mónica Martín y Félix González. Están acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Además, han sido detenidas otras siete personas. Esta operación se mantiene abierta, ya que la previsión inicial de los investigadores es que las detenciones pudieran superar la veintena. Además de en el propio consistorio, los registros han alcanzado otras dependencias municipales. Es el caso de un edificio anexo donde están ubicadas el departamento de subvenciones, la agencia de desarrollo local o la escuela de idiomas.

En una breve comparecencia ante los medios, la actual regidora ha explicado que la operación es fruto de la denuncia que interpuso el PP en el año 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción. En ese momento, Mercedes Zarzalejo lideraba la oposición a la ahora detenida. El juez instruye las diligencias desde hace tres años. En concreto, fue el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Navalcarnero el que abrió una investigación en torno a las sombras existentes en torno a un informe de la interventora municipal que daba cuenta de las irregularidades cometidas por el Gobierno local del PSOE. Con actuaciones con tintes de corrupción urbanística, fraude, malversación, actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación. Presuntos delitos cometidos a través de facturaciones irregulares en lo que concierne a empresas de la zona y con claros indicios de que los detenidos pudieron beneficiar económicamente a amigos y familiares: a través de subvenciones sin justificar; y adjudicaciones de contratación pública. Precisamente entre los arrestados también hay familiares de algunos ex concejales, ya que recibían ayudas municipales sobre las que los investigadores aprecian indicios de irregularidad. Otras cuestiones investigadas tienen que ver, por ejemplo, con la contratación de personal laboral temporal en el consistorio. También la Fiscalía puso la lupa sobre el hecho de que se realizara un gran número de contratos menores, de baja cuantía, en lugar de licitaciones. En otras ocasiones, el Ayuntamiento no facturaba el IVA a pesar de estar obligado a ello.

Otro elemento clave de la «Operación Pantano», precisamente de ahí su nombre, tiene que ver con la concesión irregular de licencias de obras y actividad en el pantano de San Juan. En concreto en lo relacionado con la empresa Costa Madrid, un ente mixto público-privado se creó con el objetivo de urbanizar esta zona, y que, según informa la Agencia EFE de fuentes próximas a la Fiscalía, no presenta sus cuentas anuales.

Según el relato de la actual alcaldesa, tras su denuncia, la Fiscalía del Área de Móstoles acordó judicializar el caso al apreciar que existían indicios de delito contra la anterior regidora y su teniente de alcalde, ya que ambos dieron el visto bueno a informes técnicos del arquitecto municipal que no tenia licencia, ni condición de funcionario de carrera para emitir dichos informes. «Nosotros apuntamos a la contratación pública y a las irregularidades que manifestaban los informes de la interventora y quien ejecuta esas actividades son los cargos públicos que son los responsables de la gestión pública y del buen destino de los fondos públicos», destacó ayer la alcaldesa que denunció todas estas irregularidades.