Los frentes del pulso de Ayuso a Sánchez ante el hachazo fiscal a Madrid: el TC, la UE y la empresa

Si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez lleva hasta el final su objetivo de armonizar los impuestos en toda España, estrategia que supondría un varapalo fiscal al bolsillo de los madrileños, podría suceder lo siguiente: que una persona de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 400.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, pague 11.000 euros más de lo que ocurre en la actualidad. O que un madrileño con una renta bruta de 45.000 euros al año y con dos hijos mayores de tres años pase a pagar 275 euros más que actualmente en el Impuesto sobre la Renta. O que un ciudadano que reside en Madrid, en el caso de ser receptor de la transmisión de un inmueble que no está destinado a vivienda habitual, deje de ahorrarse el 40% en Transmisiones Patrimoniales. Son sólo tres de los ejemplos que llevaría aparejada la «armonización fiscal» que defiende Moncloa, contra la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha propuesto luchar. Lleva dos años en esa batalla y ayer, desde Marsella, en la que se celebra la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, elevó su pulso fiscal contra Moncloa.

En este foro, solicitó formalmente el amparo a la UE para defender la autonomía fiscal de la región. La presidenta denunció el propósito de Pedro Sánchez y de su Gobierno de acometer este ataque fiscal contra la región por la puerta de atrás, ya que, según el diagnóstico esbozado por Ayuso «siguen empeñados una y otra vez en subirles los impuestos a los madrileños, lo han vuelto a hacer hoy en un paso más adelante y quiero condenar estas subidas masivas que traen con los peros y los matices, como hemos podido ver después de la reunión que ha mantenido la ministra de Hacienda con el Comité de Expertos, donde incluso ya llegaron a dimitir dos de los mismos».

E insistió en su voluntad de pedir el amparo en «la Unión Europea y en todas las instituciones donde sea necesario». En el Gobierno madrileño defienden la tesis de que el Ejecutivo central no tiene competencias para poner en cuestión o arrebatar la independencia fiscal de las comunidades autónomas y que, en este sentido, las administraciones regionales están amparadas por la Constitución. No en vano, el Gobierno de Ayuso ya ha dejado claro en varias ocasiones su voluntad de poner en manos de la Justicia este proyecto del Gobierno en el momento en el que el Ministerio de Hacienda ponga negro sobre blanco su reforma fiscal. De momento, desde el Gobierno de Sánchez nunca se ha concretado esta intención. Moncloa se ha limitado a amagar y a defender la legalidad de una armonización de impuestos que permita poner fin al «paraíso fiscal» que representa Madrid tanto para los socialistas como para sus socios de legislatura. En Sol lamentan que Madrid haya sido puesta en la diana de Moncloa mientras «le están dando más alas a los nacionalistas en el resto de las comunidades», en palabras de ayer de la presidenta. «Hoy estamos aquí en la Unión Europea, pero serán también en otras instituciones, otros organismos y otros tribunales donde defenderemos la economía de Madrid, que es clave para el conjunto de España y es motor de nuestro país».

En todos los frentes

Y es que más allá de la voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional y de solicitar el amparo de la Unión Europea, el Gobierno de Ayuso ha buscado en los últimos meses desacreditar en todos los frentes el proyecto de armonización fiscal de Sánchez. También ante los empresarios. La presidenta se reunió en el mes de julio con representantes de OHL, Enegás, Netflix, Repsol o Google. A estas se suman Diageo, Vantage Towers, Haya Real Estate, Glovo, Deliveroo, L’Oréal España, Takeda, AstraZeneca, MÁSMÓVIL, Merck y Sequirus. En esta cita, Ayuso avanzó que se «rebelará» contra este hachazo fiscal: «Subirles los impuestos a todos los madrileños, estropear, atacar la economía de la capital del país, no va a ayudar a nadie. Así que lo que le pediría también a la ministra es que sea valiente, que sea sincera y que de una vez por todas expliquen qué es lo que pretenden con estos comités, con estos estos informes que desde luego son siempre lo mismo: es subir los impuestos a todos los españoles, a las clases medias y lo que no se puede hacer es igualarnos a todos, pero sí, en la pobreza», destacó ayer desde Marsella. La presidenta del Gobierno madrileño subrayó también que «estos impuestos que ellos pretenden subir a todos los españoles y especialmente a los madrileños ya no existen en ningún país de la Unión Europea. Por tanto, si lo que se supone que quieren es armonizar, que se comparen con otros países porque es donde va a huir el capital y las empresas si siguen asfixiando a todos los españoles a impuestos».

De momento, y ante la actual crisis internacional derivada de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno de Sánchez parece aparcar cualquier subida fiscal. Al menos hasta 2023. Un año electoral en el que el PSOE se la juega en Madrid.