Federico Armenteros y el sueño cumplido de abrir la primera residencia de mayores LGTBI+

Si bien a día de hoy sigue siendo importante la reivindicación por los derechos del colectivo LGTBI+, lo cierto es que, socialmente, pertenecer a este es algo que está infinitamente más normalizado de lo que estaba hace apenas unas décadas. Venimos de momentos en los que ser homosexual era delito, y, aunque los más jóvenes no hayan nacido en aquel contexto, aún es lo suficientemente reciente como para que muchos ancianos aún tengan el recuerdo de haber crecido en un mundo que, desde que nacieron, les hizo pensar que «había algo mal» en ellos. Así lo define Federico Armenteros, presidente de la Asociación 26 de Diciembre, la cual presta ayuda asistencial a mayores del colectivo y que en septiembre concluirá las obras de la primera residencia de mayores LGTBI+ de Madrid.

«Queremos dar esta atención residencial al colectivo de forma preferente», dice, consciente de que están «muy cerca de conseguirlo». Después de que finalicen las obras, el siguiente paso es burocrático, tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad de Madrid, por lo que la apertura de la residencia Josete Massa. «Por nosotros nos pondríamos en marcha cuanto antes, porque tenemos muchísimas personas que ya estarían dentro y que ahora mismo se encuentran en otras residencias», explica. A estos mayores que están en espera, se les hará el traslado una vez se inaugure el centro, y serían los primeros en entrar.

La residencia dará servicio de alojamiento a 65 personas, además de a otras 15 que serán atendidas en el centro de día. Para Armenteros, esto es «un hito dentro del colectivo», ya que han conseguido «que la diversidad sea visible» también en las generaciones más longevas. «Son personas que han sufrido, que han sido o se han sentido excluidas», dice, por lo que se les va a ofrecer «un espacio de tranquilidad, un espacio seguro para ellas y para que puedan seguir teniendo un proyecto de vida, una ilusión, porque, aunque uno sea mayor, puede seguir teniéndolos».

Cuando Armenteros llegó al cargo de presidente de la asociación, reconoce que, realmente, «no éramos capaces de entender hasta qué punto, dentro de la historia del colectivo, salíamos de un momento muy en contra de nosotros, y de cómo esto había dejado su huella en cada una de estas personas». Y es que «ellos han vivido leyes como la de peligrosidad social o la de vagos y maleantes. Esas personas, que aún están vivas, figuraban en el código penal desde su nacimiento». Además, Armenteros recuerda que, a pesar de que estas leyes han sido derogadas, «no se nos ha reconocido esa situación injusta, así como tampoco se han reparado sus consecuencias». Son personas, dice, «que han nacido y crecido en la exclusión, creyendo que son personas no gratas, que no sirven, y eso ha generado casos claros, incluso, de estrés postraumático, y nadie les ha acompañado aunque hayan sido víctimas, como sí se ha hecho con otras».

En cuanto a la necesidad de crear una residencia para personas LGTBI+, Armenteros señala que se trata de un colectivo en el que las personas no suelen querer ir a residencias normalizadas. «Tendrían que volver al armario, porque nuestras generaciones no han sido educadas sino en la heteronormatividad», asegura. Del mismo modo, recuerda los testimonios de muchos de estos mayores, «muchos de ellos han llegado incluso a planear que, cuando llegue el momento de ser dependiente y necesitar cuidados, acabarían con su vida con tal de no ir a una residencia donde pudieran volver a sentirse así. Eso me puso en alarma, y fue cuando surgió la idea, por ver el estado de soledad en el que incluso hoy se encuentran».

De esta manera, la residencia nace con la intención de ser de titularidad pública, esencialmente, por el perfil al que va a estar dirigida: «Muchos de ellos son pobres debido a que tienen pensiones no contributivas, ya que, en muchas ocasiones, al descubrir que eran homosexuales les echaban de los trabajos». Y es que, con 426 euros, «difícilmente van a poder pagar una residencia privada». Pero, además, pretenden darle al centro un factor diferencial: «que sean los mayores quienes tengan voz, a través de la atención psicológica, la terapia ocupacional y las actividades colectivas e individuales, para hacerles partícipes activos de su proceso de envejecimiento».