Las elecciones al Colegio de Arquitectos de Madrid, que se celebrarán el 27 de mayo, se están convirtiendo en un enmarañado proceso con acusaciones cruzadas de «coacciones», «corrupción» y «nepotismo», antes incluso de que se hayan celebrado. El conflicto empezó hace unos días, cuando uno de los colegiados envió una carta al resto de colegas de profesión poniendo en duda la imparcialidad del Presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, al asegurar que era tío político de uno de los candidatos que estaba recogiendo avales, Jesús San Vicente.

Este mismo colegiado llegó a presentar un escrito de recusación para que el presidente de la Mesa Electoral «se abstuviera» o fuera sustituido en el proceso al entender que había un «preocupante conflicto de intereses» y que cualquier decisión podía «comprometer la pureza del proceso electoral». La cuestión es que el papel del presidente de la Mesa tiene especial relevancia ahora porque tendrá que dirimir sobre un hecho relevante: si el hasta ahora decano del Colegio de Arquitectos, Sigfrido Herráez, puede o no repetir en el cargo a la vista de que un candidato puede estar al frente del Colegio dos legislaturas como máximo.

Herráez, arquitecto y político, que ha formado parte de importantes proyectos urbanísticos de Madrid, lleva cuatro años y medio al frente de la institución. Se hizo con el decanato en 2020, durante la pandemia, después de que su predecesora en el cargo, Belén Hermida, dimitiera como consecuencia de una moción de censura. Herráez remató el año y medio de legislatura (son de tres años) que no culminó Hermida. En las últimas elecciones consiguió revalidar su puesto, que ha venido desempeñando en los últimos tres años, aunque se suponía que eran los últimos, según expresó él mismo públicamente.

La sorpresa ha saltado cuando Herráez ha manifestado su intención de volverse a presentar después de dos legislaturas, el máximo permitido, con el argumento de que en la última ha estado al frente del Colegio los tres años estipulados pero, en la anterior, solamente completó el año y medio que restaba de la legislatura de su antecesora, cuando fue relevada del decanato por una moción de censura.

De este modo, entiende que aún podría estar al frente del Colegio otro año y medio más, si obtiene el respaldo del resto de colegiados en las elecciones del 27 de mayo. Para hacer valer su decisión, encargó sendos informes al constitucionalista Carlos Vidal y al despacho de abogados Cremades.

Así las cosas, tanto el candidato Jesús San Vicente, como el presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, han expresado su indignación por las acusaciones de supuesto nepotismo, que rechazan con firmeza.

«No tengo ni afinidad ni consanguinidad con Luis de la Rica. Es tío político de mi mujer. Más aún, no tengo ningún trato con él. Incluso es, a su vez, el presidente de la Comisión de Recursos del Colegio y ha fallado en mi contra sobre los tres recursos que he presentado, lo que ya da una idea de su imparcialidad», explica a LA RAZÓN.

En similares términos se ha pronunciado De la Rica, que recurre al Código Civil para rechazar cualquier parentesco en la medida que «no hay ninguna relación de consanguinidad», dice con convencimiento.

Más allá de esta cuestión, el candidato Jesús San Vicente cree que Herráez es «inelegible» y se debería quedar fuera del proceso electoral. Se acoge a los Estatutos para defender su argumento en la medida en que artículo 30.5 dice expresamente que «el período en que desempeñe el cargo no será tenido en cuenta a efectos de la reelección, en el caso de acceder en el último año de la legislatura». De ahí que «tengo muy claro que, al haber gobernado en su primera legislatura un año y medio, ha agotado su posibilidad de volver a ser elegible». De ahí que asegure que hay preocupación porque Herráez haya anunciado su intención de presentarse de nuevo porque «genera un precedente contrario a los estatutos». También entiende que si el actual decano ha solicitado informes jurídicos que avalan su continuidad como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, en lugar de hacerlo de manera particular, «supone una irregularidad». Y no solo eso, opina que esos informes se han dado a conocer a la Mesa Electoral antes de que se presentasen las candidaturas, lo que supone «un intento de corrupción y coacción», sentencia. No obstante, «aceptaré lo que diga la Junta electoral porque quiero una campaña limpia», recalca. También tiene claro que si se descarta a Herráez, el asunto «va a acabar en los tribunales».

La Junta de Gobierno ha acudido al Colegio de Abogados para que designe a una persona durante el proceso que «haga la función de asistente, aunque no es obligatorio», aclara De la Rica, que no se ha pronunciado sobre si Herráez puede repetir como candidato o no. «Voy a seguir haciendo mi trabajo porque tengo la convicción de que me ampara la ley», dice rotundo.