Ayuso amplía a dos años la moratoria en los colegios al uso de pantallas

Madrid se convertirá, a partir de septiembre próximo, en la primera autonomía en limitar a dos horas máximo a la semana, en Infantil y Primaria, el uso de dispositivos digitales. El nuevo decreto que regulará su uso en los centros escolares prevé aumentar de uno a dos años la moratoria para que puedan implantar el modelo muchos centros concertados que habían apostado por el uso de dispositivos electrónicos y ahora tendrán que desterrarlos, según recoge la última versión publicada en el Portal de Transparencia.

La medida, según ha explicado José Antonio Poveda, asesor de Escuelas Católicas a LA RAZÓN, «responde a una recomendación aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del Consejo Escolar» con el objetivo de dar tiempo a los centros y a las familias para adaptarse a los cambios.

«Se trataría de disponer de más tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que hay familias que han comprado dispositivos. Si ahora se prohíbe su uso, ¿qué hacen con ellos?», ha señalado.

Esta modificación permitirá que aquellos proyectos que ya estén implantados, especialmente en Primaria, tengan un margen para reestructurarse y para que las familias de cursos afectados puedan utilizar los dispositivos ya adquiridos.

El cambio introducido por la Comunidad de Madrid busca proteger la salud y el desarrollo de los alumnos. Sin embargo, desde Escuelas Católicas consideran que la cuestión de fondo más relevante no es el plazo, sino el ámbito de aplicación del decreto con el argumento de proteger la salud de los menores. Y es que la norma se dirige únicamente a los centros públicos y concertados, dejando fuera a los privados. «Si el argumento de la medida es la salud de los alumnos, entonces debe aplicarse a todos los centros, también a los privados», puntualiza Poveda. «Si no afecta a todos, el argumento de salud no se sostiene».

Para Escuelas Católicas, esta exclusión supone una contradicción. «Se está invadiendo la autonomía de los centros concertados con el argumento de que se financian con fondos públicos, pero se deja fuera a los privados. Eso implica que la salud de unos vale más que la de otros, lo cual no tiene sentido», ha advertido. Y añade: «Hoy se restringen las pantallas, mañana podría ser otra cosa. Es un principio nefasto».

Escuelas Católicas también recuerda que la libertad de enseñanza, recogida en el artículo 27.6 de la Constitución y desarrollada en la Ley de educación estatal, ampara tanto el derecho de los padres a elegir centro como el derecho de crear un colegio con un ideario propio. «El titular del centro privado concertado tiene derecho a diseñar su propio proyecto educativo. El decreto lo suplantaría, tratándolo como si fuera un centro público simplemente por recibir fondos públicos, y eso conceptualmente es atroz».

Por este motivo, Escuelas Católicas ya ha presentado alegaciones al decreto y ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación. «Hemos hablado con el consejero y con la Administración, pero lo que se ha publicado mantiene el mismo enfoque», ha lamentado.

El plazo para presentar alegaciones sigue abierto, y muchos centros están preparando sus escritos. Aun así, desde Escuelas Católicas se muestran escépticos sobre posibles cambios en el texto definitivo.

CECE-Madrid, la patronal de la escuela privada y concertada, ha valorado positivamente que se amplíe a dos cursos la implantación de la norma. Sin embargo, «a los colegios les preocupa el escaso margen para su aprobación: el curso termina ya y docentes y familias se van de vacaciones sin saber aún cómo quedará regulado este asunto», explica su presidente, Juan Chávarri.

Con todo, defiende el uso de la tecnología en el aula. «Apostamos por un uso responsable y equilibrado de la tecnología, guiado por el interés superior del menor, sin medidas uniformes que frenen la innovación o la inclusión».

Del mismo modo ha defendido la autonomía pedagógica de los centros y una educación personalizada, adaptada a cada etapa y contexto. «Nos hubiese gustado que el nuevo texto normativo recogiera las cuatro observaciones aprobadas por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Confiamos en que, tras el trámite de alegaciones en el Portal de Transparencia, se incorporen», ha remarcado Chávarri.

El sindicato CSIF Madrid, por su parte, considera que la normativa «es un claro ataque al profesorado al poner en duda su capacidad de utilizar adecuadamente los recursos de los que dispone», que han sido proporcionados por la Consejería.

En el extremo opuesto, también hay otras voces que opinan que la medida no debería limitarse exclusivamente a Infantil y Primaria, sino que debería extenderse también a otras etapas educativas, como la ESO, serán los propios centros los que establecerán las restricciones al uso de dispositivos digitales.

Medio millón de alumnos afectados

La nueva medida de limitación en el uso de pantallas afectará a 2.000 colegios y a un total de medio millón de alumnos. La Comunidad de Madrid considera que con esta medida «se vuelve a la esencia de la educación adaptada a los tiempos de hoy, a los libros, a los dictados y a la caligrafía, que haremos compatible con que los alumnos tengan destrezas digitales». De cero a tres años los alumnos no podrán tener contacto con dispositivos digitales; en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y 1º y 2º de Primaria, el máximo establecido será de una hora y media semanal, mientras que en 5º y 6º de Primaria el límite es de dos horas semanales.

Además, los docentes no podrán programar tareas o deberes que impliquen el uso de tablets, ordenadores o móviles fuera del horario escolar, aunque están previstas algunas excepciones.