Cuando parecía que el «incendio» generado por las elecciones al Colegio de Arquitectos (COAM) se había quedado en ascuas, vuelve a desatarse una «tormenta» con «aparato eléctrico» incluido. Se trata de un nuevo capítulo en la polémica que algunos colegiados han comparado con el «papado de los Borgia» al intentar dejar sin efecto las elecciones por parte del presidente de la Mesa Electoral y suspender la toma de posesión del recién elegido decano del colegio casi la víspera del acto.

El pasado 27 de mayo, el hasta ahora decano, Sigfrido Herráez, se impuso en las elecciones a la Junta de Gobierno con la candidatura Todos COAM tras obtener el respaldo mayoritario de los colegiados, con un total de 1.216 votos, lo que representa el 53,9% de los sufragios emitidos. Ayer mismo, el Colegio cursaba invitación para el acto de toma de posesión de la Junta de Gobierno y la Junta de Representantes mañana con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Todo parecía marchar por los cauces habituales, hasta que el presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, decidió enviar una misiva al Decano en la que le requería que retirase la invitación a colegiados, candidatos y otras autoridades «hasta recibir mi firma», arrogándose la capacidad de ser él quien tendría que ejercer esta función. «Todos los actos relativos a las elecciones, incluida la proclamación de candidatos y la toma de posesión, son actos electorales que forman parte de las responsabilidades atribuidas a la Mesa Electoral y, singularmente, a su Presidente», exponía en la carta.

No contento con eso, De la Rica decidió hacer pública la situación convocando una rueda de prensa para informar de que, como presidente de la Mesa Electoral, había acordado, apoyándose en varios artículos (59, 60 y 64) de los Estatutos del Colegio profesional que «no ha lugar a la proclamación y toma de posesión» de los candidatos elegidos. Así declara «en funciones» a la Junta de Gobierno que fue elegida en las elecciones de 2022, con Sigfrido Herráez a la cabeza, mientras que los miembros electos de la Junta de Representantes tienen que «ser provisionalmente sustituidos, conforme a lo previsto en el artículo 64 de los Estatutos».

El núcleo del conflicto ha girado en torno a la interpretación de los estatutos sobre los mandatos del actual decano, Sigfrido Herráez, al que la Junta Electoral dejó fuera en un principio al entender que ya había cumplido dos legislaturas, el máximo permitido por los estatutos y, por tanto, no podría volver a presentarse. Herráez lo negó en todo momento: «Llevamos un mandato completo y uno inconcluso de un año y medio. Eso no son dos legislaturas. Lo dicen tres informes de bufetes jurídicos de primer nivel». Una opinión sobre la que discrepaba su rival, Jesús San Vicente, quien mantenía lo contrario al asegurar que «el artículo 30.5 es inequívoco: los periodos incompletos sólo se excluyen del cómputo de mandatos si no superan un año y el primer mandato de Herráez fue de año y medio».

El presidente de la Mesa Electoral decidió rechazar la candidatura de Herráez y éste decidió acudir a los tribunales al considerar que «no ha habido imparcialidad» y sí «nepotismo» en la decisión al privarle, además, de un derecho constitucional. Herráez deslizó en su día que en esta decisión no había habido imparcialidad debido a que el presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, es tío político de la mujer del candidato rival, Jesús San Vicente. No ocultó su «sospecha de que pudiera tomar decisiones que enturbiaran el proceso electoral».

Herráez, como cabeza de lista de Todos COAM interpuso un recurso contencioso administrativo contra la decisión de suspender la candidatura y pidió que se aplicaran medidas cautelares.

El Contencioso repuso provisionalmente a Herráez como candidato a la espera de una resolución sobre el fondo del asunto. Así que el presidente de la Mesa Electoral decidió convocar elecciones en cumplimiento de la medida cautelar hasta que resuelvan los tribunales.

Herráez se ganó la confianza del 53,9% de los votantes en las elecciones del colegio, que, en esta ocasión, registró un aumento de la participación del 3%. Pero justo dos días antes de que el decano que ha revalidado su cargo tomara posesión, el presidente de la Mesa Electoral ha decidido anular la toma de posesión y dejar en funciones a la Junta de Gobierno que venía gobernando amparándose en varios artículos del Reglamento del Colegio y a la espera de que un juez emita una sentencia definitiva que arroje luz sobre el caso.

La medida ha sido muy criticada entre algunos colegiados que consideran que Herráez tiene «la legitimidad moral para presidir el Colegio de Arquitectos, mientras que tachan la decisión del presidente de la Mesa Electoral de «maniobra para torpedear la toma de posesión de Sigfrido Herráez. Están rabiosos y «es su último órdago», señalan.

Crisis institucional

El decano electo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Sigfrido Herráez, ha salido al paso de la nueva crisis institucional generada por la decisión del presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, de suspender la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Herráez, que revalidó su cargo con mayoría absoluta, considera que se trata de una «maniobra sin justificación que afecta gravemente al normal funcionamiento del Colegio».

En declaraciones a LA RAZÓN, ha afirmado que se trata de «ocurrencias. Una Junta de Gobierno da posesión a la siguiente. Así se ha hecho siempre y esa debería ser la normalidad», ha declarado en respuesta a la actuación de De la Rica, que se ampara en varios artículos de los Estatutos para frenar el relevo institucional.

«Ha proclamado unos resultados que parece que no le gustan. No entiendo por qué viene a hacer esto ahora porque con ello la institución se resiente», ha remarcado. El decano, sin embargo, ha llamado a la prudencia. «Lo vamos a ver con tranquilidad. Quiero que los pasos se den conforme a la legalidad. Hay 20 días para tomar posesión. No sé si lo que se pretende es que sigamos en funciones sine die, y tampoco por qué motivo», ha apuntado. «Los actos judiciales son claros: le ordenan que dé paso a la candidatura. No hay margen para más interpretaciones».