El Gobierno ignora a Ayuso con los menores extranjeros

La Comunidad de Madrid ha abierto la vía de la devolución de menores inmigrantes no acompañados que llegan a Madrid y tienen dificultades para adaptarse. El objetivo es que puedan volver con sus padres y así evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas. La fórmula legal para materializarlo es la de la reagrupación familiar, un trámite que solo puede materializar el Gobierno central, con competencias en materia migratoria.

La Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, dependiente del Gobierno regional, ya ha aprobado la reagrupación familiar para 11 menores. De ellos, ya se han remitido 9 expedientes a Delegación de Gobierno. Sin embargo, «la Delegación no ha contestado a nada», según ha informado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La Comunidad de Madrid viene pidiendo al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que cumpla con sus competencias en materia de extranjería e inicie los trámites para la reagrupación familiar de estos menores no acompañados con dificultades de adaptación en Madrid y que se considera que podrían estar mejor con sus padres en un afán por buscar el bien superior del menor. Esta reagrupación se podría producir en sus países de origen o bien los progenitores podrían venir a España, otra opción que también está contemplada en la ley.

La Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia viene trabajando en buscar una solución satisfactoria para casos que presenten imposibilidad real de integración. Empezó valorando cuatro casos y en la últimas semanas la cifra se ha elevado hasta casi la docena. Algunos de ellos están relacionados con la pelea multitudinaria que hubo en el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, el 31 de marzo. La reyerta terminó con la detención de 12 menores que hirieron a vigilantes de seguridad y trabajadores sociales que intentaron frenar el conflicto. Todos ellos fueron arrestados como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, y fueron trasladados posteriormente a dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume).

El Gobierno regional cree que por encima de todo debe primar «el bienestar del menor». De ahí que considere que la reagrupación familiar con sus padres sea la mejor solución. Además, «resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar», detalló sobre este particular hace unas semanas el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La Comunidad de Madrid ha especificado que «cada caso es valorado de forma pormenorizada en la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, un órgano formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades». Esta Comisión sería, en este caso, la que decide si lo mejor es que regresen a su entorno familiar o no.

Para el Ejecutivo regional, «es imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como ha remarcado recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».

Gestión migratoria

El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha sido muy crítico con la política migratoria desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «La respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos», asegura.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha sido muy crítica con la gestión de los flujos migratorios por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Prueba de ello es que formalizó antes de Semana Santa un recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. En concreto, se ha recurrido el Real Decreto ley 2/2025 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.

Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad, ese Real Decreto ley «infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor corresponde a las comunidades que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores».