La Guardia Civil investiga a 81 personas por construcciones ilegales en la Comunidad de Madrid

La Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación Cimientos 24', ha llevado a cabo en los últimos meses un amplio operativo para combatir la proliferación de construcciones ilegales en diversos municipios de la Comunidad de Madrid. Los agentes han centrado sus actuaciones en Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón.

El operativo, liderado por la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de Madrid, se enmarca en su función de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental y prevenir delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio. En colaboración con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, técnicos municipales y las Policías Locales de los ayuntamientos afectados, se realizaron un total de 90 inspecciones sobre edificaciones situadas en terrenos no urbanizables.

Las investigaciones, desarrolladas entre los meses de junio y noviembre en dos fases, han resultado en la imputación de 81 personas por la construcción ilegal en terrenos protegidos. Además, dos individuos han sido investigados por delitos de usurpación de agua y defraudación de electricidad, y otra persona más por desobediencia a la autoridad al incumplir la orden de precinto y paralización de obras emitida por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, informa Europa Press.

En paralelo, se han emitido 80 informes-denuncias a los ayuntamientos correspondientes para que procedan a ratificar las medidas de paralización de las obras detectadas y, en su caso, inicien los procedimientos de restitución de la legalidad urbanística, incluyendo la demolición de las construcciones si fuera necesario.

Este tipo de intervenciones busca no solo proteger el medio ambiente, sino también garantizar la seguridad de los habitantes de estas construcciones ilegales. Estas edificaciones suelen carecer de servicios básicos como pavimentación, iluminación o suministro de agua potable, lo que aumenta el riesgo ante incendios, inundaciones u otras emergencias. La precariedad de estas infraestructuras dificulta también el acceso de los servicios de emergencia, poniendo en peligro tanto a los ocupantes como al entorno natural.

La Guardia Civil subraya que este tipo de asentamientos representan un riesgo significativo para el medio ambiente y para las especies de flora y fauna locales, además de vulnerar la normativa urbanística. Por ello, el cuerpo continuará llevando a cabo operativos similares para garantizar un uso sostenible del territorio y preservar los recursos naturales en la Comunidad de Madrid.