Hostales de Madrid bajo sospecha de acogida de inmigrantes

La polémica en torno al uso de determinados hostales como centros de acogida de refugiados vuelve a encender la mecha del debate en Madrid. Una situación que, lejos de apagarse con el verano, parece escalar en tensión institucional y jurídica.

Con el foco puesto en CEAR, los hostales de Vallecas y Guindalera se han convertido en un nuevo frente en el ya complejo debate sobre la gestión migratoria, el urbanismo y los límites del uso de los espacios privados con licencias públicas. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha confirmado este miércoles el cierre temporal del hostal Velvet en Puente de Vallecas, gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), al tiempo que ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará a cabo inspecciones para verificar si se está incurriendo en un uso indebido del espacio.

El conflicto no es nuevo, pero ha tomado un nuevo cariz en las últimas semanas tras las protestas vecinales en el barrio de Guindalera, especialmente en la zona del Parque de las Avenidas. Allí, los residentes han denunciado la transformación encubierta de hostales turísticos en centros de acogida, presuntamente operados en colaboración con CEAR. El foco de la disputa se encuentra ahora en el número 9 de la calle Baviera, donde está prevista la apertura de un nuevo «hostel» vinculado al mismo empresario que regenta el local de Vallecas. Según explicó Carabante en declaraciones a los medios durante su visita a Casa de Campo, el hostal de la avenida de Pablo Neruda, en Puente de Vallecas, cuenta con una licencia de actividad de tipo turístico, «no para acoger inmigrantes», recalcó. «Nos consta un cierre de actividad temporal, también nos consta que la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo inspecciones para verificar que la actividad hotelera se está llevando a cabo y no de manera encubierta como centro de acogida», indicó.

Asimismo, el Consistorio madrileño está analizando el cumplimiento de la normativa urbanística del nuevo establecimiento en la calle Baviera, cuya apertura estaría también condicionada a que se destine únicamente a actividad hotelera. «No puede tener ningún convenio, ningún contrato de centro de acogida de población migrante», remarcó Carabante, apuntando que no se permitirá ningún uso distinto del autorizado por la licencia.

La reacción vecinal no se ha hecho esperar. De hecho, ya ha protagonizado protestas puntuales. Desde finales de mayo, cientos de residentes del Parque de las Avenidas se han movilizado en contra de lo que consideran un «uso fraudulento» de los hostales turísticos. Denuncian que CEAR y el empresario propietario de ambos locales estarían ejecutando un plan para establecer centros de acogida sin los permisos requeridos y con opacidad en la información ofrecida a los vecinos.

Los residentes han presentado una denuncia formal ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento, donde acusan al Hostel Velvet, en Vallecas, de desarrollar actividades distintas a las autorizadas en su licencia. Concretamente, sostienen que se están prestando servicios de acogida y asistencia social incompatibles con el uso turístico autorizado.

En la denuncia, estructurada en ocho puntos, se detalla cómo el establecimiento habría albergado de forma continuada a personas derivadas por CEAR, vulnerando la Ordenanza 6/2022 de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas.

Según esa normativa, el ejercicio de una actividad distinta a la autorizada puede conllevar la revocación inmediata de la licencia y el cese de la actividad.

La situación, aseguran los vecinos, ha sido verificada por personal municipal en anteriores visitas, donde se constató la presencia de usuarios y servicios que excedían la legalidad. Además, advierten que el inmueble carece de las condiciones arquitectónicas y de equipamiento exigidas por la normativa para alojar a personas en situación irregular.

El conflicto ha alcanzado una nueva dimensión al incorporarse denuncias más específicas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la instalación del nuevo hostel de la calle Baviera. Los vecinos han remitido al Ayuntamiento una solicitud formal con fotografías y documentación técnica, denunciando la instalación de aparatos de aire acondicionado que incumplen la Ordenanza de Calidad del Aire (Ordenanza 4/2021, Anexo II).

En su escrito, detallan que uno de los aparatos, un BAXI modelo LSGT125-5M con un caudal de 4.200 m³/h, ha sido colocado a menos de 7,5 metros de distancia de las ventanas de su vivienda, incumpliendo la distancia mínima establecida. Pese a haber sido parcialmente recolocado tras una denuncia previa, sigue vulnerando la normativa.

Los vecinos solicitan la paralización inmediata del proceso de concesión de la licencia de actividad y primera ocupación, al considerar que se están vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la calidad del aire y la protección ambiental. A su vez, advierten que, de concederse la licencia en estas condiciones, se reservará el derecho a acudir a la vía penal por presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar que los técnicos municipales conocen las infracciones y podrían estar avalando informes irregulares.

En sus conclusiones, los vecinos exigen la incoación de un expediente administrativo de revocación de la licencia del hostel de Vallecas, así como la práctica de nuevas inspecciones en ambos establecimientos. Además, solicitan al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que actúen de forma coordinada, apelando al artículo 103 de la Constitución Española, que obliga a las administraciones públicas a actuar conforme a los principios de legalidad, eficacia y sometimiento pleno al Derecho.

La tensión se ha incrementado ante la posibilidad de la apertura inminente del local en la calle Baviera. La comunidad vecinal ha advertido que no tolerará nuevas licencias concedidas en un contexto de «incumplimiento conocido» y ha reiterado su disposición a emprender acciones penales si el Ayuntamiento sigue permitiendo lo que consideran una «utilización encubierta» de espacios turísticos como centros de acogida.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado no ha emitido declaraciones públicas tras la denuncia ni en relación con el cierre temporal del hostal en Vallecas. Sin embargo, su nombre aparece reiteradamente en las denuncias vecinales como la organización que, supuestamente, estaría destinando estos establecimientos al alojamiento de refugiados a través de convenios y acuerdos cuya transparencia está siendo cuestionada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya se había pronunciado a principios de junio en esta línea, dejando claro que los hostales que no se utilicen con fines turísticos «serán cerrados». De momento, el Ayuntamiento mantiene una posición firme en la exigencia del cumplimiento estricto de las licencias otorgadas, pero la presión vecinal y la posible judicialización del caso podrían marcar un antes y un después en la política de acogida y urbanismo en la capital.