Tal y como se había anunciado, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebró esta mañana una Junta Local de Seguridad Extraordinaria. El motivo, la llegada inminente de 450 migrantes procedentes de Canarias a la base militar 'Primo de Rivera' de la ciudad complutense. Y una reunión, a la que ha asistido la subdelegada de gobierno en Madrid, Elena Bernardo, pero no el delegado del Gobierno, Francisco Gobierno.

De ahí que, cuatro días después de ser informados de este acogimiento, el Ayuntamiento haya vuelto a criticar el oscurantismo por parte del Gobierno de Sánchez en este sentido. "Queremos saber cómo tienen que actuar nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de que, por ejemplo, alguna de estas personas, que van a convivir en régimen abierto y van a estar transitando nuestras calles, sufra un desvanecimiento", indicó. Y es que el Consistorio reprocha las acusaciones de xenofobia recibidas por el hecho de querer reforzar la seguridad durante esta llegada.

"La subdelegada nos ha querido tachar de que no somos solidarios, cuando entre el 15 y el 20% de la población de Alcalá es extranjera y está totalmente integrada en la ciudad. Pero esto preocupa a los ciudadanos y al Gobierno de Alcalá y lo único que queremos es anticiparnos a los problemas", afirmó Piquet. Del mismo modo, el Ayuntamiento también quiere saber qué hacer en el supuesto de se produjera cualquier ilícito administrativo o penal de una ordenanza municipal o del Código Penal, porque los migrantes, que contarán durante el tiempo de acogida con un régimen abierto, "vienen sin filiación y van a ser personas no conocidas".

En la rueda de prensa tras la Junta de Seguridad, Piquet se ha preguntado también "qué es lo que van a hacer estas personas cuando lleguen aquí", si van a estar acompañadas por organizaciones no gubernamentales, si van a tener talleres ocupacionales, o van a estar "deambulando sin oficio, sin beneficio, sin dinero". Por último, la alcaldesa ha explicado que también han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez la filiación de estas personas y si existe un protocolo de reparto en cuanto a los territorios afectados, para saber si es "objetivo o arbitrario", informa Europa Press.