La asesora de Begoña Gómez pide que el juez no reciba los correos que intercambió con la UCM

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que impida que el juez Juan Carlos Peinado reciba los correos electrónicos que ella intercambió con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio.

La defensa de la asistente acusa al magistrado de no haber motivado la providencia con la que aprobó esta diligencia de investigación y apunta, incluso, a que habría incurrido en una vulneración de la ley que rige el procedimiento penal.

"No es que los indicios en que se funda la medida sean insuficientes: es que ni se mencionan los indicios", advierte en su recurso de apelación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La representación de Cristina Álvarez pone en manos de la instancia superior que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid autorizó esta pesquisa "restrictiva de derechos fundamentales" a través de una resolución que "se limita a acordar la medida sin más".

Y que, por otro lado, "debió haber revestido la forma de un auto y no de providencia", dado que este análisis de las comunicaciones "afecta de manera directa al derecho fundamental a la intimidad y secreto de las comunicaciones" tanto de la asesora como del antiguo alto cargo de la UCM.

"La instrucción de Schrödinger"

El letrado de la asesora investigada traslada a los magistrados madrileños que "la seguridad jurídica brilla por su ausencia" en la instrucción que viene llevando a cabo Peinado.

Pone, como ejemplo de ello, que "ya son cuatro ocasiones" en las que el juez "plasma su criterio sobre una cuestión jurídica y, sin motivo que lo justifique, a los pocos días cambia de manera copernicana de opinión y acuerda exactamente lo contrario".

Esta parte se refiere, concretamente, a que el instructor rechazó hasta en dos ocasiones recabar los mails que se enviaron la empleada del Gobierno y el que fuera vicerrector de la Complutense, después de que se lo pidiese en sendas ocasiones la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír.

Sin embargo, se relata en el escrito que "sorpresivamente, solo un mes después y mediante la resolución recurrida se acuerda exactamente lo contrario". Que Doadrio entregue en el juzgado "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la investigada Cristina Álvarez".

Una "instrucción de Schrödinger", tal y como la vuelve a calificar su defensa en esta nueva alegación conocida por este diario.

Peinado dio 10 días para entregarlos

La pasada semana, el instructor dio un plazo máximo de 10 días a la Complutense para que le hiciesen llegar todo los mails que se cruzó Álvarez con Doadrio.

Fue este antiguo alto cargo de la universidad el que en su segunda declaración como testigo reveló que tenía "ciento y pico" correos con esta trabajadora de Presidencia del Gobierno y la propia mujer de Pedro Sánchez.

En esta pieza separada del procedimiento, se indaga en si puede haber un delito de malversación de caudales públicos en que Álvarez, cobrando un sueldo público, hiciese gestiones de la vida profesional de la esposa del presidente del Gobierno como directora de la cátedra extraordinaria de la UCM.

Ambas están imputadas como presuntas responsables, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue el responsable de la Secretaría General de Presidencia de la que depende Álvarez como directora de Programas, cuando habría intervenido en la actividad privada de Gómez.