La factura pendiente que el Gobierno central tiene con Madrid en materia de Dependencia es grande y no deja de subir. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha hecho cuentas y la deuda supera ya los 2.300 millones de euros, desde que gobierna Pedro Sánchez, según expuso ayer en la Asamblea la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. «Nos falta financiación por parte del Gobierno de España, que debe aportar el 50% del total de la dependencia y no cumple con el compromiso», se quejaba ayer la consejera. Una circunstancia que encuadró dentro de la dinámica de «abandono» de Madrid de la que se viene quejando reiteradamente el Gobierno autonómico. «Al País Vasco, qué casualidad, sí se lo pagan. La ministra Montero llegó hace un mes a un acuerdo con el PNV para garantizar la financiación complementaria. Todo para mantenerse en el poder. Eso es lo que le importan los mayores a Sánchez y a la izquierda de esta Cámara, que no ha dicho ni pío», sentenció la consejera.

Esta falta de financiación se traduce en que, para Madrid, «la financiación estatal en 2024 fue del 27,23%, muy por debajo del 50% que le corresponde. De hecho, el año pasado el Estado financió 380 millones de euros menos de lo que le correspondería financiar en dependencia en la Comunidad de Madrid», detalla un portavoz de la Consejería a LA RAZÓN. Así, si la ley obliga a que el Estado financie el 50% del gasto en dependencia de cada comunidad autónoma, con Madrid está en el 27%, según los datos que baraja el Gobierno de Díaz Ayuso, que se queja de que con catalanes y vascos el Gobierno se haya comprometido a llegar al 50%.

El asunto preocupa especialmente a la vista del escenario demográfico que estamos viviendo ya y que se divisa en un futuro que «no da tregua». Según las proyecciones realizadas, en 15 años la población mayor de 65 años en la Comunidad de Madrid va a crecer un 47%, hasta superar los 1,9 millones de personas. Y es que, en parte, esto tiene que ver con que Madrid es la ciudad del mundo con mayor esperanza de vida, en lo que tiene mucho que ver el sistema sanitario con el que contamos. Esto ha provocado que en los últimos años hayan crecido en un 30% los beneficiarios del sistema de dependencia hasta el punto de alcanzar los 1.900 millones, una cifra récord, según puntualizó Dávila en la Cámara madrileña.

Así las cosas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un plan para la construcción de 40 residencias para personas mayores y otros tantos centros de día. La consejera Ana Dávila se dirigió a todos los Ayuntamientos de la región que dispusieran de parcelas donde poder abrir una de estas residencias bajo el modelo de gestión público-privado para así agilizar el proceso de apertura. Cuando se presentó, la respuesta fue muy positiva en un primer momento: 88 ayuntamientos se interesaron, entre ellos una docena gobernados por la izquierda. Pero, después, los municipios socialistas se han ido descolgando «por motivos ideológicos» porque «es necesario cumplir las órdenes de Sánchez contra Madrid», expuso la consejera con indignación, cuando «la dependencia y el cuidado de los mayores es un asunto urgente. Prioricen, por una vez, el bien común de los madrileños», remarcó.

Hasta el momento, 59 ayuntamientos ya han ofertado un total de 123 parcelas que estudiará la Consejería. De hecho, los técnicos de las direcciones generales de Atención al Mayor y a la Dependencia y de Evaluación, Calidad e Innovación han visitado en los últimos meses 41 parcelas (25 en Madrid capital) en una docena de municipios. De hecho, ya se ha pedido la cesión formal de 17 de estas 25 parcelas al Ayuntamiento de Madrid. Entre ellas una del barrio de Las Rosas, en San Blas, donde la Comunidad construirá la primera de las 40 residencias.

Pero, mientras, los ayuntamientos socialistas se han ido desapuntando de la posibilidad de tener nuevas residencias, entre ellos Getafe que, si bien cuenta con parcelas disponibles, no está dispuesta a ofrecerlas porque no comulga con el modelo de colaboración público-privado que acortaría plazos de construcción.

Un argumento similar es el que ofrece Alcorcón, un municipio gobernado también por el PSOE, que se ha escudado en la idea de que ha ofrecido en muchas ocasiones parcelas a la Comunidad de Madrid , pero no tiene interés en el modelo que se piensa aplicar.

Otros municipios socialistas, como Fuenlabrada y San Fernando escribieron a la Comunidad interesándose por el proyecto, pero después impulsaron acuerdos en los plenos municipales para rechazar el modelo para que quedara constancia de ello.

Mientras, la Comunidad continúa con su proceso de selección «con criterios objetivos teniendo en cuenta aspectos como la parcela, la edificabilidad, opciones de transporte o servicios próximos», tal y como detalló la consejera en la Asamblea. Además se analizan otros baremos, como la lista de espera de plazas de atención residencial, la población mayor de 65 años, la ratio de plazas residenciales, la ausencia de recursos residenciales. «Solo criterios técnicos» quiso remarcar la consejera.