Madrid se rebela y recurre ante la Audiencia Nacional la condonación de la deuda a Cataluña

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a la carga contra la condonación de la deuda catalana. Esta vez, ha decidido plantar cara al acuerdo alcanzado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de frenar "un peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas", además de un acuerdo "perjudicial" para los madrileños, tal y como ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín esgrimió las tres razones que han llevado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a dar este paso: la invalidez formal del acuerdo, la quiebra del principio de igualdad entre territorios y el impacto económico directo sobre los ciudadanos madrileños.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se cuestiona la validez del propio proceso de aprobación del acuerdo. Entre otras cosas porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluida Madrid, decidieron no participar en la reunión del CPFF en señal de protesta. Consideraban que el acuerdo implicaba "un peaje intolerable a los partidos independentistas” y denunciaban que se había cerrado sin el consenso necesario de todas las comunidades. Según el consejero, esta ausencia de participación impidió alcanzar el quórum necesario, lo que, a su juicio, invalida formalmente cualquier decisión adoptada en ese contexto.

El segundo de los argumentos se centra en lo que el Gobierno regional califica como una "vulneración flagrante del principio de igualdad entre los territorios del Estado". Según García Martín, la condonación parcial de deuda a una comunidad autónoma en concreto, como Cataluña, supone una discriminación hacia aquellas regiones que han gestionado sus cuentas de forma responsable. “Se premia la irresponsabilidad fiscal, se castiga a quienes han hecho sus deberes y se rompe la neutralidad que debe mantener el Gobierno de España en relación con la autonomía fiscal de las comunidades”, denunció el portavoz.

En su intervención, el consejero fue más allá al calificar la medida como una recompensa política vinculada directamente a la situación de Carles Puigdemont, al que definió como “un prófugo de la Justicia”. Según el Ejecutivo madrileño, el acuerdo adoptado en el CPFF no es más que el precio a pagar por Pedro Sánchez para garantizar su continuidad en La Moncloa, a costa del bolsillo de todos los españoles. "Supone que todos los españoles paguemos la fiesta independentista", subrayó.

El tercero de los argumentos es el impacto económico directo sobre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional se advierte que la deuda no desaparece, sino que acaba redistribuyéndose de forma que, según sus cálculos, cada madrileño deberá asumir 500 euros adicionales debido a esta medida. “Es un coste injusto y desproporcionado para una comunidad que ha cumplido con sus obligaciones fiscales”, lamentó García Martín.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido especialmente crítica con esta cuestión en los últimos meses. De hecho, criticó al Gobierno de España por "imponer a punta de pistola" al resto de comunidades autónomas la condonación de la deuda de Cataluña pactando con los que "hunden" a la comunidad autónoma.

El PP de Ayuso ya anunció que estaba dispuesto a dar la batalla con el modelo de financiación «espurio» para Cataluña, por mucho que el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, diga que no entiende cómo Madrid se puede oponer a que el Estado asuma al mismo tiempo una rebaja de la deuda madrileña de 8.644 millones, para que sea más digerible la medida.

El asunto no queda solo en los tribunales ya que en la Asamblea de Madrid hay constituida una comisión que estudiará el impacto de la condonación de la deuda catalana acordado entre el PSC y ERC. El PSOE, sin embargo, se negó a participar en la misma con el argumento de que la iniciativa trata de dañar al Gobierno central. El PP registraba esta comisión el 25 de febrero, un día antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que, con el rechazo de las autonomías del PP, se daba el visto bueno a la condonación de 83.252 millones de euros de las autonomías, de los que 8.464 millones corresponderían a Madrid.