Medio Ambiente

Energía

Ramón Tamames
Ramón TamamesCristina BejaranoLa Razón

El pasado lunes 31 de mayo, tuvimos una muy interesante mesa redonda vía Zoom, convocada por el Presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), Miguel Ángel Martínez-Aroca y por el periódico «La Verdad» de Murcia, por su redactor Manuel Buitrago. Entre las conclusiones de lo conversado durante hora y media, quedó claro que se debería planificar mejor la gradual sustitución de las energías de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) por las renovables (agua, viento, sol, biomasa, etc.) para no encontrarnos más pronto que tarde con una auténtica burbuja.

En ese sentido, y con los máximos respetos a la libertad de empresa, pero teniendo en cuenta también los imperativos categóricos de una sociedad racional, sería conveniente la idea de disponer en España de un «Alto Comisionado para la Energía» que pusiera orden en el desarrollo actual y futuro de las renovables de la manera más racional posible. Nos jugamos mucho, en términos de posibles excesos de inversión, como sucedió con las centrales de gas de ciclo combinado, con un sobredimensionamiento que fue más que costoso. También la Comisión Europea debería repasar con cierta frecuencia todo el plan de cambio del modelo energético para mejorarlo de manera continua, en la senda de lo que va a discutirse en Glasgow en la COP-26, el próximo encuentro al máximo nivel del Convenio Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas en noviembre de este mismo año.

La Ley de Cambio Climático recientemente publicada y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son dos instrumentos importantes. Pero ante la alternativa de una planificación ajustada a los principios del interés general, o dejar todo al espontaneísmo, hay una gran diferencia. Se trata, a escala mundial, de salvar el planeta, y al tiempo de hacer las cosas lo mejor posible en nuestro propio escenario que es la piel de toro con sus dos archipiélagos.